El exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) Conrado Domínguez se ha acogido este jueves (23 de enero) a su derecho a no declarar ante la comisión que en el Parlamento regional investiga los contratos de la pandemia, en la que CC y PP han insistido en preguntarle sobre las órdenes que presuntamente recibió del entonces presidente Ángel Víctor Torres en este ámbito.
Los grupos ASG, NC-BC y PSOE han expresado su respeto a la decisión de no declarar formulada por Domínguez, procesado por el llamado caso Mascarillas, y en concreto el diputado socialista Miguel Ángel Pérez del Pino le ha dado las gracias en nombre de su partido «y de la mayor parte de la sociedad canaria» por la labor realizada durante la pandemia.
«Si finalmente resultase exculpado ¿quién va a dar la cara para pedirle perdón y reparar el daño que se le ha hecho?», ha cuestionado el parlamentario socialista.
Conrado Domínguez ha leído un escrito en el que ha argumentado que ha comparecido en el Parlamento canario como consecuencia de una notificación recibida el 17 de diciembre de 2024 y ha añadido que en abril del año pasado prestó declaración como testigo en las actuaciones judiciales relacionadas con este asunto, que han sido declaradas secretas, lo que conlleva una prohibición expresa de divulgación.
Posteriormente ha pasado a ostentar la condición de investigado por los hechos objeto de la comparecencia y por lo tanto, y de acuerdo al consejo legal de su abogado, ha optado por no contestar a las preguntas de los diputados en el libre ejercicio de su derecho constitucional a no declarar y por respeto a los letrados que están investigando estos hechos.
Preguntas «declaro contenido incriminatorio»
Además, Conrado Domínguez ha aseverado que en el ámbito parlamentario también se debe respetar la presunción de inocencia de los comparecientes que, ha añadido, se vulnera cuando se realizan comentarios o preguntas «de claro contenido incriminatorio» o cuando se atribuyen «conductas delictivas».
Por ello ha solicitado que en la Cámara se amparasen sus derechos constitucionales y se impidiese la realización de preguntas, comentarios o conclusiones que pudieran lesionar su derecho al honor y su presunción de inocencia.
En este punto ha intervenido el presidente de la comisión de investigación, Raúl Acosta (AHI), quien ha precisado que los miembros de este órgano parlamentario tienen la potestad de hacer preguntas relacionadas con el objeto de la investigación y ha puntualizado que no hay una colisión entre este hecho y que haya unas diligencias judiciales en curso.
Por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos ha puesto de relieve la experiencia y profesionalidad del exdirector del SCS, cargo que también ocupó entre 2017 y 2019 cuando era presidente del Gobierno Fernando Clavijo (CC) con el apoyo del PP.
Aparte de la controversia que suscitó su nombramiento por el Ejecutivo anterior, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, «usted tenía el apoyo de los sindicatos y de gran parte de la esfera política, pues su profesionalidad está sobre la mesa ante cualquier duda sobre la gestión realizada», ha indicado Ramos, quien ha deseado a Domínguez «la mejor de las suertes en el proceso judicial».
Para el diputado de Vox Nicasio Galván las personas que por acción u omisión permitieron que pasaran los hechos objetos de investigación «tienen que asumir su responsabilidad política y tienen que pagarlo» ya que, aunque hubiera una pandemia y había que conseguir material sanitario «no todo vale ni se justifica que a una empresa de importación de vehículos (RR7) se le pagasen por adelantado dos millones de euros, incumpliese el contrato y se le pagasen otros dos millones».
Nicasio Galván ha calificado además de «obsceno y de poca vergüenza» el que supuestamente se incrementase dicho contrato de 3,9 a 4 millones porque presuntamente esos 100.000 euros de aumento eran «la comisión que iban a repartirse cinco personas, una de ellas Conrado Domínguez».
Por el contrario la diputada de NC-BC Esther González ha incidido en «los conocimientos, la experiencia y la solvencia» demostrada por Domínguez, que le llevaron a ocupar dos veces el cargo de director del SCS, le ha deseado también «la mejor de las suertes» y ha señalado que la comisión parlamentaria «no es un juzgado ni los diputados somos jueces o verdugos».
El PP señala a Torres
El parlamentario popular Fernando Enseñat ha afeado a Domínguez el que haya optado por no declarar porque sus respuestas habrían ayudado a «poner luz con lo ocurrido con la compra de material sanitario durante el Gobierno de Ángel Víctor Torres», para puntualizar que los diputados «no estamos para enjuiciar penalmente, sino para aclarar responsabilidades políticas de los que ordenaron y ejecutaron, y también de los que miraron para otro lado y cerraron los ojos ante lo que estaba pasando».
Ha recordado que Domínguez está investigado por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias y ha insistido en preguntarse si fue el presidente Torres quien le autorizó a ocupar un despacho del SCS para atender a proveedores en la época en que Domínguez era secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas.
También le ha cuestionado si fue Torres quien ordenó que el contrato para hacer tests de la covid se hiciese con Megalab, sin concurrencia abierta a otras empresas, y si al entonces presidente autonómico «no le quitaba el sueño» el que no se hiciesen contratos para mascarillas con proveedores acreditados y sí con Soluciones de Gestión, que recibió 5 millones de euros y aportó mascarillas no aptas.
En esta misma línea el diputado nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez ha subrayado que no puede aplaudir ni defender la postura de Conrado Domínguez, del que dijo que ha sido usado «como escudo humano» por parte del exconsejero de Sanidad Blas Trujillo, al que definió como «uno de los grandes ausentes mediáticos de este caso».
Las preguntas sobre lo ocurrido «en aquella cafrada» siguen sin respuesta mientras se ha ofrecido «en bandeja de plata» la cabeza de Domínguez «como un frondoso cortafuegos, porque es curioso que entonces los políticos no decidían nada, quedó todo entre usted y Ana María Pérez (exdirectora de Recursos Económicos del SCS)», ha enfatizado Díaz-Estébanez.
Ha señalado que Teresa Cruz, la consejera de Sanidad que gestionó el inicio de la pandemia y fue cesada, calificó a Domínguez de «un conseguidor, no un gestor», para agregar que entiende que la máxima preocupación del exdirector del SCS no sea la comisión parlamentaria sino las posibles consecuencias penales.
Al respecto ha indicado que «suerte tendrá» si éstas se quedan en la inhabilitación profesional «y no van más allá con una privación de libertad o responsabilidad patrimonial» ya que, ha continuado, no dicen mucho en su favor los mensajes que se han divulgado de los responsables de RR7 en los que mencionan frases como «qué notición», tras el nombramiento de Conrado Domínguez al frente del SCS, y «vamos a forrarnos, hermano».