El Cabildo Insular de Tenerife ha aprobado un convenio de colaboración con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en el marco del proyecto AROVOL.
Este acuerdo se enmarca en la política de sostenibilidad y economía circular impulsada por el Gobierno de Canarias, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y en respuesta al cambio climático.
El proyecto AROVOL tiene como objetivo principal la incorporación de productos del sector de la construcción que utilicen áridos reciclados como materia prima, fomentando la reutilización de los residuos generados en las obras de construcción y demolición. Este enfoque promueve la utilización de materiales reciclados en la industria, garantizando los niveles de calidad establecidos para cada aplicación.
El Cabildo Insular de Tenerife es responsable de la gestión de los puntos limpios de la isla, donde se recogen residuos urbanos y determinados residuos industriales, incluidos los RCD. Esta función es vital para el proyecto AROVOL, que depende de la disponibilidad de estos materiales reciclados para su investigación y desarrollo.

El acuerdo entre el Cabildo Insular de Tenerife y la Comunidad Autónoma de Canarias establece que el Cabildo proporcionará los RCD recogidos en sus instalaciones para el desarrollo del proyecto AROVOL. La Comunidad Autónoma, por su parte, se compromete a utilizar estos materiales exclusivamente para el proyecto, sin comercializarlos, y a remitir periódicamente los resultados de los ensayos realizados.
Ambas partes colaborarán estrechamente para garantizar el buen desarrollo del proyecto, con la creación de una comisión de seguimiento formada por representantes de ambas administraciones. Esta comisión se encargará de coordinar las acciones y evaluar el progreso del proyecto AROVOL, asegurando la correcta ejecución del convenio.
Cesión de los residuos
El convenio no implica una aportación económica directa por parte del Cabildo Insular, ya que su función se limita a la cesión de los residuos para el proyecto. Cualquier gasto derivado de la gestión de estos residuos será asumido por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Asimismo, las actividades de seguimiento y evaluación del convenio estarán a cargo de la comisión creada a tal efecto.
El convenio tiene una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un máximo de cuatro años adicionales.







