Ya es firme la sentencia judicial que anula, desde 2021, la retribución y el régimen de dedicación exclusiva del alcalde de Güímar, Gustavo Pérez (CC); el primer teniente de alcalde, Airam Puerta (PSOE), y los concejales Juan Delgado (CC) y Cándido Gómez (PSOE), por carecer de amparo legal. Por ello, el grupo municipal del PP, denunciante en este litigio, ha forzado a la celebración de un pleno extraordinario sobre este asunto que tendrá lugar en el Ayuntamiento güimarero este viernes 27 de octubre a las 12 horas.
La portavoz popular, Carmen Luisa Castro, anuncia que el PP defenderá «en el salón de plenos y donde más haga falta» la devolución del dinero cobrado ilícitamente más sus intereses por los cuatro ediles desde 2021.
Asimismo, insta también a los cuatro afectados por la sentencia a que se abstengan de votar en esta sesión plenaria por tener en este asunto «un interés personal real por encima del institucional», tal como establece la legislación vigente para estos casos.
La sentencia que declaró la nulidad de los sueldos la dictó en 2022 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife y afecta a Airam Puerta, desde el 24.06.2021; Gustavo Pérez, desde el 1.07.2021; Cándido Gómez, desde el 12.07.2021, y Juan Delgado, desde el 12.07.2021. El Ayuntamiento presentó un recurso de apelación, que no fue admitido a trámite por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), decisión esta que, al no ser recurrida, ha supuesto que la sentencia adquiera ya firmeza.
Los hechos enjuiciados se remontan a 2021, cuando tuvo lugar la alternancia en la alcaldía (CC cedió el puesto de alcalde al PSOE), y no aprobó en un pleno un nuevo y obligatorio acuerdo sobre dedicación parcial y exclusiva y retribuciones, por lo que las retribuciones desde entonces quedaron deslegitimadas.
Al respecto, la líder del PP deja claro que «ni los cuatro concejales ni la secretaria municipal pueden alegar que no les advertí desde el primer momento que se estaba cometiendo una ilegalidad, pero nunca llevaron a pleno el acuerdo que diera cobertura a esos sueldos». Carmen Luisa Castro sostiene que sus abogados en este litigio y la jurisprudencia indican que el dinero indebidamente percibido debe ser devuelto a las arcas públicas.
LA SENTENCIA Y LA «INMORAL» SUBIDA DE SUELDOS DEL 27%
De ahí que la portavoz del PP sospeche que esta sentencia y no las «surrealistas excusas dadas», es el motivo real de que el grupo de gobierno (CC-PSOE-Unidas Sí Podemos) se haya aplicado una «inmoral» subida de sueldo de un 27% en este mandato.
Esta medida, junto al aumento del personal de confianza, supondrá que la población güimarera tenga que pagar con sus impuestos medio millón de euros más en 4 años para costear al equipo gobernante.
Para la exalcaldesa, «esta inmoralidad es doble, porque no solo le endosan al pueblo la devolución del dinero, en lugar de asumirlo de su bolsillo, sino que se engordan su nómina de esa manera en un momento en que la mayoría de la sociedad sufre un duro encarecimiento del coste de la vida y con un 36% de la población canaria en riesgo de pobreza y exclusión social».