La Asociación Agua para La Palma comunica que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en sentencia dictada el 4 de octubre por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo (https://drive.google.com/file/d/1S0gMSbeI4CKW2AsojjycVjNOEvlQ2Bq2/view?usp=sharing), anula el acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de transporte de agua en La Palma, adoptado por la Junta General del CIALP en noviembre de 2021, sentencia resultado del recurso contencioso-administrativo contra el Consejo Insular de Aguas (CIALP), adscrito al Cabildo de La Palma.
En concreto, El TSJC da así la razón a la asociación por la ausencia en el expediente de los informes preceptivos sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, así como del interventor delegado del CIALP, que, según alegó este organismo durante el proceso judicial, asesoró de manera verbal a la Gerencia, al Consejo de Gobierno y a la Asamblea General de dicho organismo, pero no expresó su criterio por escrito, tal y como obliga la normativa vigente. Y ello a pesar de que la tasa solo permitirá recuperar el 48% del coste del servicio, por lo que el resto se sufraga por las arcas públicas mediante transferencias del Cabildo al CIALP.
Otra irregularidad confirmada por el TSJC estriba en que la cuantificación de esta tasa única, muy por debajo del coste real, “no se realiza según criterios objetivos y razonados”, pese al sentido de un informe previo solicitado por el CIALP a una consultoría externa. La Administración trata de justificarlo argumentando que la crisis del Covid-19 ha generado un importante crecimiento del paro y la pobreza en Canarias, pero, como deja patente la sentencia, “no lo sustenta en ningún informe técnico sobre la capacidad económica” de los beneficiarios de esta medida, por lo que en este aspecto la ordenanza “carece de una justificación suficiente”.
Y ello es así porque, como subraya el TSJC, “si bien la crisis sanitaria por el Covid-19 tuvo efectos económicos, no puede afirmarse que hayan sido homogéneos para toda la población”.
Agua para La Palma manifiesta la tranquilidad que da esta resolución judicial, que corrobora las irregularidades administrativas de las que ya advirtió al CIALP antes de que la ordenanza se aprobara de forma definitiva, por lo que sostiene que “alguien debería asumir responsabilidades, dada la gravedad de los hechos, pues la falta de cumplimiento de los procedimientos y la inobservancia de la normativa devienen en la perversión del sistema”.
DESMIENTEN A CARLOS CABRERA Y SERGIO RODRÍGUEZ
A este fallo del Alto Tribunal Canario se aludió en un reciente pleno en este mes de octubre en el Cabildo, en el que el ex consejero de Aguas, Carlos Cabrera -del PP y en la actualidad en la oposición-, así como del propio presidente de la Corporación, Sergio Rodríguez, manifestaron que con la anulación de esta tasa se encarecerá el agua y se causará un daño muy grande a los agricultores.
“Unas afirmaciones”, replica este colectivo, “nada acertadas, hipócritas y esperpénticas en boca de cargos públicos”.
Tales adjetivos obedecen a que, por un lado, “en el colmo de los colmos, desde el Cabildo pretenden demonizar a un grupo de ciudadanos por haber cumplido con el deber moral de denunciar un acto administrativo cuya ilegalidad ha quedado sancionada por la Justicia; y por otro lado, pretenden buscar en una asociación a un chivo expiatorio al que culpar de la carestía del agua, cuando es resultado de una nefasta gestión política que desde hace años desaprovecha y malgasta este bien básico, al no acometer las obras públicas necesarias, precisamente en la isla canaria que tiene el mejor de los acuíferos”.
Y añade la asociación que “no basta que en el mandato pasado, según parece, CC se opusiera a la aprobación de esa tasa junto a algunos miembros de la Asamblea General del CIALP, sino que su deber debía concluir denunciando el hecho, cosa que no hicieron ni unos ni otros”.
Del mismo modo, atribuir a esta asociación una subida del precio resulta un “insulto a la inteligencia”, por cuanto se trata de una entidad ciudadana que precisamente lleva años denunciando que las Administraciones públicas no priorizan medidas que abaratarían hasta en un 90% el coste del agua para los agricultores, como son: la reperforación del Túnel de Trasvase para obtener más agua pública; hacer obligada la necesaria instalación de tranques en las galerías para regular la extracción de agua a demanda; y la mejora de las redes de transporte para acabar con las enormes pérdidas, con las que también en el CIALP entran en contradicción tanto en declaraciones públicas como en sus propios informes (como en el de la sequía elaborado este año y en el que se detalla este hecho (https://drive.google.com/file/d/1MMthE_IeAKgEC3Y2ca-FttNcwqWAnf_M/view?usp=sharing) y en el propio documento del Plan Hidrológico Insular de 3er Ciclo, pendiente de aprobación” pese a ser un documento lleno de errores, contradicciones y manipulaciones que solo buscan aprobar para obtener financiación de Europa”.
En este sentido, para este grupo de ciudadanos, la anulación de la ordenanza constituye “una oportunidad de que el Cabildo y el CIALP corrijan su política hidráulica”, para lo cual la asociación está dispuesta a poner sobre la mesa “una y mil veces las alternativas viables que plantea desde hace años, y que de haberse realizado entonces hubieran cambiado esta realidad de ahora”.
