Una plantilla de 23 inspectores y subinspectores de la escala de Seguridad y Salud Laboral de diferentes comunidades autónomas se encuentran en Canarias para reforzar la campaña contra la economía sumergida por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que este año, y hasta el pasado 9 de noviembre, ha detectado en las islas 3.432 empleos irregulares.
La iniciativa, que tiene un coste de 160.000 euros, se enmarca en el acuerdo institucional en esta materia firmado entre la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La campaña, que afecta a todos los sectores, se prolongará hasta el próximo 3 de diciembre y recorrerá las siete islas, siendo la primera vez que se desplazan equipos de inspectores a La Gomera.
De León ha afirmado que “para el Gobierno de Canarias la lucha contra la economía sumergida es una prioridad, y la colaboración y coordinación entre todas las administraciones es fundamental a la hora de defender y preservar los derechos de los trabajadores, además de luchar contra la competencia desleal que supone para las empresas y autónomos que sí cumplen con las obligaciones derivadas de su actividad”.
La consejera explicó que durante la campaña cada uno de los funcionarios realizará una media de 40 visitas a distintos centros de trabajo del archipiélago, lo que supone un total de 920 inspecciones. “Las visitas se realizarán en todos los sectores con el objetivo de intentar detectar casos de trabajadores que no estén dados de alta en la Seguridad Social, o que estén contratados a tiempo parcial cuando en realidad realizan una jornada completa”, indicó.
El director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, ha resaltado la importancia de este plan de refuerzo de la actividad ordinaria de la Inspección de Trabajo, que durante el pasado año consiguió mejorar en las islas la situación laboral de 6.275 personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, o que tenían contratos irregulares.
Por su parte, la viceconsejera de Empleo, Isabel León, ha subrayado que “el ánimo de la Inspección de Trabajo no es sancionar para recaudar, sino regularizar la situación de trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social, así como detectar el trabajo de perceptores de prestaciones incompatibles con las rentas de trabajo”. Además, añadió que la existencia del empleo no declarado “supone un fraude para toda la sociedad porque reduce los ingresos públicos y el gasto en servicios básicos para la ciudadanía”.
El director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, explicó que las visitas se efectuarán “principalmente a empresas de hostelería, restauración, comercio y servicios, ya que esos son los sectores donde se han detectado más casos de economía sumergida”. Contó que del total de 3.432 empleos irregulares detectados en lo que va de año en las islas, más de 2.000 eran trabajadores que no habían sido dados de alta en la Seguridad Social.
“Además, cerca de 1.000 personas tenían contrato pero la jornada declarada era muy inferior a la que realizaban. También se dieron supuestos en los que el trabajador cobraba la prestación por desempleo o era un extranjero sin permiso para desempeñar una actividad laboral”, señaló.
