Rubens Ascanio, concejal y coportavoz de Unidas se puede en La Laguna defenderá en la sesión plenaria de este jueves (11 de enero) una propuesta en la que plantea seguir avanzando en el proceso de negociación con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y la empresa pública de vivienda del Gobierno de Canarias, Visocan, para incrementar el número de viviendas disponibles para atender emergencias habitacionales y ofrecer una estabilidad a las familias que las habitan.
El edil afirma que durante los últimos meses han atendido varias situaciones de familias laguneras afectadas por posibles desahucios, de las que algunos casos proceden de personas que residen en viviendas de ambas entidades, con las que el anterior Gobierno ya estuvo trabajando para cerrar acuerdos de colaboración que permitieran el uso social de estas viviendas, dentro del parque público municipal.
Ascanio considera que el problema del acceso a la vivienda es un auténtico drama social, para el que durante el pasado mandato “desarrollamos un auténtico plan de choque que debe mantenerse en el tiempo”. Señala que debido a esa convicción, La Laguna pasó de disponer de tres pisos para recursos alojativos en 2019 a siete en 2023, se abrió un espacio municipal cerrado para establecer el Recurso de Acogida Municipal Clemencia Hardisson, que incluye el primer piso para familias sin alternativa habitacional, además del programa de Rescate de Viviendas Vacías, a través del alquiler que ha facilitado quince pisos a familias con escasos recursos, la recuperación de viviendas municipales sin uso, como las de la Gerencia de Urbanismo en Tejina o programas de compra, “que en su conjunto permitieron un incremento de más de un 250% nuestra capacidad de atención de emergencia, que sigue siendo insuficiente para la enorme demanda existente y los precios disparados del mercado privado”.
La confluencia lagunera recuerda que en el reciente informe del Diputado del Común recalca la gravedad del asunto, “señalando que en los últimos cinco años ha aumentado un 50% el coste de la vivienda, lo que significa que casi la mitad de las familias inquilinas del archipiélago tienen que destinar el 40% de su sueldo en pagar la mensualidad de la vivienda, mientras que la media europea apenas destina un 28% de su sueldo al pago del alquiler con una renta muy superior”.
Explica que en su anterior responsabilidad al frente de Bienestar Social, “iniciamos las conversaciones con el Gerente de Visocan para establecer acuerdos como los existentes en las 119 viviendas de San Matías, donde propusimos incorporar diez de las cincuenta y siete viviendas adquiridas en Los Andenes, en la modalidad de alquiler privado, para incluirlas al parque público municipal, garantizando a la empresa pública el abono de los alquileres y permitiendo el acceso de familias sin recursos suficientes”.
El concejal asegura que existe una “falta de respuesta” por parte de la empresa pública de Visocan y en las viviendas procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que según datos oficiales cuenta con 831 viviendas en Canarias, unas 17 en el municipio, que en el mes de abril de este año se anunció que podrían ponerse a disposición del Estado y las comunidades autónomas, “sin que hasta ahora se haya hecho efectiva la medida”. Explica que el programa de “alquiler privado” es para unidades familiares en las que al menos se alcance unos 900 euros de ingresos mensuales fijos, caso de las 119 viviendas de San Matías o de las 57 adquiridas recientemente en Los Andenes. “Este programa supone un coste de alquileres que en ocasiones no se puede sostener en el tiempo por la precariedad de las familias solicitantes, que deben acudir a proyectos de apoyo institucional a través de los ayuntamientos, como los que mantuvimos”, afirma. En este sentido consideran que cerrar un programa común con el Gobierno de Canarias, a través de las vías que otorga la Ley de Vivienda, “puede ser una fórmula que ofrezca tranquilidad a las familias residentes en estas promociones, afectadas por posibles desahucios”.
Entre los acuerdos de la moción plantean seguir priorizando la compra y rehabilitación de vivienda para incrementar el parque municipal de vivienda pública, dotando de forma estable al presupuesto municipal de las partidas necesarias para ello. Igualmente proponen instar a la paralización de los procesos de desahucio de las familias vulnerables de La Laguna, que no dispongan de alternativa alojativa adecuada, ya que “existen numerosos casos pendientes de resolución”.
