La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Sonsoles Martín, reiteró en el pleno del Parlamento de Canarias el apoyo del Partido Popular a las reivindicaciones de los veterinarios al considerar que la nueva Ley del Medicamento, aprobada por el Gobierno de España sin consenso, limita la profesionalidad de los veterinarios y pone en riesgo la salud y el bienestar de los animales al ralentizar el tratamiento.
Martín, que obtuvo el respaldo del pleno de la Cámara autonómica a su proposición no de ley para, entre otras medidas, pedir al Gobierno de España la modificación o retirada el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, tiene como objetivo principal “garantizar que la regulación de los medicamentos veterinarios no perjudique la labor de los profesionales, ni comprometa la salud y bienestar de los animales”.
En este sentido, Martín reclamó diálogo e instó al Gobierno de Sánchez a sentarse con los colegios veterinarios, con las asociaciones del sector: los escuche y después regule, corrija y legisle, pero con justicia y sin perjudicar a los más débiles. “Es imprescindible que el Gobierno escuche a los profesionales veterinarios y se adopten medidas que permitan una regulación equilibrada y justa, garantizando tanto la seguridad en el uso de medicamentos como la agilidad en la atención sanitaria animal”, añadió.
“En el Partido Popular lo tenemos claro: no se puede legislar de espaldas a quienes van a aplicar las normas. No se puede imponer sin dialogar. Y mucho menos, sin escuchar a quienes llevan décadas trabajando con profesionalidad y vocación por el cuidado de nuestros compañeros más fieles: nuestros animales y nuestras mascotas”.
Cabe recordar que la aplicación de la nueva Ley obliga a los veterinarios a hacer cultivos antes de recetar un antibiótico, aunque el veterinario tenga perfectamente claro, por su experiencia, el antibiótico que hay que aplicar. “La espera de los resultados de los cultivos -explicó Martín- provoca un importante retraso del tratamiento que en infecciones graves puede acabar con la vida del animal”, avisa.
Además, puso de relieve que la nueva Ley aumenta la carga burocrática de los diagnósticos, lo que conlleva que los profesionales “dediquen más tiempo a meter los datos en el ordenador que atender la salud de los animales” y criticó, por último, “las sanciones desproporcionadas” que conlleva el incumplimiento de la nueva normativa.
