
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska fija este criterio atendiendo a las sentencias del Tribunal Supremo, que reconocen la esfera de privacidad de un coche.
El Ministerio admite que la Ley solo contempla multas (de hasta 30.000 euros) cuando se trata de vehículos colectivos o directamente un delito penal contra la seguridad vial cuando el coche esté en marcha.
NOTA: la imagen pertenece a Europa Press.







