El Gobierno de España ha dado un paso histórico. No hacia la cohesión, ni hacia la igualdad entre territorios. Ha entregado la Hacienda —sí, la de todos— a una comunidad autónoma: Cataluña. El presidente Pedro Sánchez ha pactado que el impuesto más importante del país, el IRPF, será recaudado por una Agencia Tributaria catalana. No es una exageración. Es una cesión real, que se materializa en un documento firmado a espaldas de la mayoría de españoles.
Y lo ha hecho sin asumir el coste político de la decisión. No lo firma Montero, ministra de Hacienda. No lo anuncia Sánchez, presidente del Gobierno. Lo protagoniza Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y, lo que duele aún más, expresidente de Canarias. Un peón —un “tonto útil”, con perdón— que han usado para escenificar una cesión que desmantela el principio de solidaridad que sostiene nuestro país desde hace más de cuatro décadas.
¿Qué significa esto?
Que Cataluña gestionará directamente los impuestos que genera. Que lo hará sin rendir cuentas al sistema común. Que además recibirá “aportaciones adicionales” del Estado por las competencias que transfiere. Que se le permite, sin matices, crear un modelo propio. Y que el resto de comunidades no solo no accederán a este sistema, sino que verán limitadas sus propias rebajas fiscales.
Es, en definitiva, una ruptura del principio de equidad. Y Canarias está entre las más perjudicadas.
¿Por qué esto nos afecta directamente?
Porque nuestra tierra, por razones geográficas, económicas y estructurales, ha dependido históricamente del principio de solidaridad interterritorial. Porque las ayudas del Estado —a través de fondos comunes— han sido claves para compensar nuestras desigualdades. Porque sin esa red de protección, difícilmente podríamos sostener los mismos servicios públicos que en la península.
Y ahora, ese principio salta por los aires. No se reforma el sistema de financiación. Se rompe. Se privilegia a quien presiona, a quien amenaza con desestabilizar el país, a quien no cree en España.
¿Y Canarias? ¿Dónde queda?
Canarias queda sola. Una vez más. Mientras unos pactan regímenes fiscales propios a cambio de votos en el Congreso, nosotros quedamos al margen. Lo más grave no es que no se nos tenga en cuenta. Lo más grave es que se nos use. Que un canario firme el documento que certifica nuestra exclusión del reparto justo.
La imagen de Ángel Víctor Torres —en lugar de la ministra o del presidente— no es casual. Es estrategia política. Es teatro. Es cosmética. Pero no deja de ser profundamente ofensiva. Para Canarias, para su historia, y para quienes aún creemos en un país justo y equitativo.
¿Qué nos queda?
Nos queda alzar la voz. Nos queda exigir explicaciones. Nos queda recordar que hay límites que no pueden cruzarse por una investidura, por una mayoría o por una legislatura. Que la solidaridad no es una palabra vacía, sino la base del pacto constitucional. Que si Cataluña recauda solo para sí, todos los demás perdemos.
Y nos queda no olvidar. No olvidar quién firmó. Quién calló. Quién fue cómplice.
Porque el día que se rompió la igualdad fiscal entre los españoles, había un canario firmando el acta.
Y eso, ni Canarias ni su gente lo van a perdonar.
NOTA (*): artículo de opinión de Dailos Cañizares, Director del Grupo Multimedia de CANAL 4 TENERIFE.
