La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha endurecido este lunes (11 de mayo) su discurso contra el Gobierno de España por la gestión del caso del MV Hondius, denunciando falta de respeto institucional, ausencia de transparencia sanitaria y decisiones políticas tomadas al margen de las autoridades canarias.
En una comparecencia especialmente contundente, Dávila dejó claro que Tenerife “no ha rechazado a nadie” y negó cualquier actitud insolidaria por parte de las instituciones insulares.
“Tenerife no es insolidaria. Lo que hemos exigido en todo momento es que las cosas se hicieran bien”, afirmó.
La presidenta insular aseguró que el Cabildo y el Gobierno de Canarias habían planteado alternativas concretas para que el operativo sanitario pudiera desarrollarse con mayores garantías y sin necesidad de que el barco permaneciera toda la noche en Tenerife.
“La operación se podía haber hecho en doce horas”
Según explicó Rosa Dávila, las autoridades canarias propusieron desde el primer momento un operativo limitado a doce horas que permitiera evacuar y trasladar a los pasajeros sin prolongar la estancia del barco en aguas tinerfeñas.
“Quiero decir a la población de Tenerife que la operación se podía haber realizado el domingo”, señaló.
Sin embargo, denunció que las autoridades estatales rechazaron todas las propuestas planteadas desde Canarias, incluida la posibilidad de trasladar a pasajeros australianos directamente a la península para facilitar su conexión aérea sin necesidad de mantener el operativo abierto en Tenerife.
“Todas las alternativas fueron planteadas por las autoridades tinerfeñas pensando en el bienestar de las personas, y fueron desechadas sin explicación”.
PCR, garantías sanitarias e informes técnicos
Uno de los aspectos más duros de la comparecencia fue la insistencia en que Canarias reclamó desde el principio tres cuestiones básicas:
– un operativo limitado temporalmente.
– PCR específicas para los pasajeros y personal evacuado.
– y un informe técnico que justificara por qué Tenerife era el lugar idóneo frente a otras alternativas posibles.
“Ninguno de los tres ministros pudo dar ninguna de esas tres garantías”, afirmó.
Dávila fue especialmente crítica con la ausencia de documentación sanitaria que avalara determinadas decisiones adoptadas durante el operativo.
“Fue una decisión política no avalada por ningún documento que exigiera mayores garantías sanitarias”.
“No aceptamos decisiones impuestas desde Madrid”
La presidenta del Cabildo elevó el tono político al denunciar lo que considera una actuación unilateral del Estado sobre Canarias.
“Lo decimos con absoluta claridad: no aceptamos decisiones impuestas desde un despacho de Madrid”.
En este sentido, recordó que Canarias cuenta con instituciones propias y autoridades elegidas democráticamente que, según denunció, fueron ignoradas durante la gestión de la crisis.
“Esta tierra tiene su Gobierno elegido por todos los tinerfeños”.
Dávila aseguró además que los representantes estatales desplazados a Tenerife ni siquiera mantuvieron un primer contacto institucional con las autoridades canarias antes de comparecer ante los medios de comunicación.
“Cuando las autoridades españolas llegaron a Tenerife no mediaron palabra con las autoridades de las Islas. Fueron directamente a atender a los medios”.
Acusaciones directas a Mónica García
La presidenta insular también acusó directamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, de faltar a la verdad al afirmar públicamente que las autoridades canarias no estuvieron presentes en el operativo.
“Mónica García miente cuando dice que no estábamos presentes. Allí estaba el Servicio Canario de Salud. Lo que no estábamos éramos las autoridades a las que previamente se había faltado al respeto”.
“Esto no puede quedar así”
Rosa Dávila concluyó su intervención advirtiendo de que las consecuencias del operativo apenas empiezan a verse y denunciando lo que calificó como una actitud de “soberbia absoluta” por parte del Gobierno de España hacia Tenerife y Canarias.
“No admitimos lecciones de humanidad ni de solidaridad”.
La presidenta insistió en que Canarias nunca se opuso a prestar ayuda humanitaria, pero sí exigió transparencia, información sanitaria y garantías técnicas antes de asumir una operación internacional de estas características.
“A quienes quieren darnos lecciones de solidaridad les exigimos transparencia”.
La comparecencia deja un escenario político de máxima tensión institucional entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ejecutivo central, en un conflicto que ya trasciende claramente el ámbito sanitario y abre un profundo debate sobre competencias, respeto institucional y capacidad de decisión de Canarias ante crisis internacionales.
NOTA: el vídeo y las imágenes pertenecen a CANAL 4 TENERIFE (Dailos Cañizares e Hiriam Bartolomé).
