La Fiscalía ha pedido ocho años de prisión para el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, alias el Tito Berni, por haber cometido un presunto delito continuado de cohecho y otro de pertenencia a grupo criminal.
El caso Mediador estalló en febrero de 2023 al destaparse una presunta trama de corrupción liderada por el entonces diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Según la investigación, empresarios pagaban comisiones a cambio de ayudas, subvenciones o favores administrativos a través de una red en la que actuaba como enlace el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el Mediador. Las reuniones se celebraban incluso en dependencias oficiales y, según el sumario, solían culminar con fiestas pagadas por los propios empresarios en las que se consumían drogas y prostitución.
Según el escrito de acusación del Ministerio Público al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Fiscalía observa una pena conveniente para el excargo del PSOE equivalente a seis años de prisión y una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la vigencia de la pena; así como una multa de veinte meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de doce años por el delito continuado de cohecho. A esto habría que sumarle una pena de dos años de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal.
Para su sobrino, Taishet Fuentes, también cargo socialista –había sido proclamado como alcaldable a un municipio de la isla canaria de Fuerteventura— se le piden las mismas penas por los delitos mencionados. Aun así, este suma otros tres años de prisión por un delito continuado de estafa sumando así una pena total de 11 años. Para el Mediador, Marco Antonio Navarro Tacoronte, el Ministerio Fiscal pide un total de 13 años de prisión en la misma proporcionalidad que Taishet Fuentes pero añadiendo un año por falsedad de documento público y otro año por tráfico de influencias. Para los demás encausados –son un total de 17— las penas pedidas van desde los cinco meses de prisión hasta los tres años.
La trama habría funcionado como una red de influencias en la que empresarios pagaban dinero, regalos, viajes, comidas y servicios de prostitución a cargos públicos y personas con capacidad de influencia para obtener ventajas administrativas. A través de suscontactos en administraciones públicas socialistas y organismos oficiales, ofrecían a empresarios ayudas, subvenciones, contratos públicos, agilización de expedientes, reducción de sanciones o trato favorable en inspecciones. Para acreditar su supuesta capacidad de influencia, organizaban reuniones en instituciones oficiales, incluidas dependencias del Congreso de los Diputados, y posteriormente reclamaban contraprestaciones económicas.
El Ministerio Público sitúa como un punto clave la cena que celebró la trama en el restaurante Ramsés en 2020, a la queacudieron cinco diputados socialistas. “El Mediador remitió un audio al diputado nacional en el que decía ‘a las nueve de la noche en el Ramsés, mesa para quince personas. Solo personas del partido socialista. No pueden entrar Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes ni toda esa gente extraña'”, recoge el escrito de acusación.
NOTA: el contenido pertenece a ‘Libertad Digital’ (Paco Cobos).
