La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha manifestado su decepción ante una nueva muestra de falta de compromiso por parte del Gobierno de España para actualizar el complemento de insularidad del personal del sector público estatal destinado en Canarias, que continúa congelado desde 2007.
La portavoz de los nacionalistas canarios en la Cámara Baja registró el pasado mes de julio una pregunta escrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública tras el anuncio de la aprobación de una subida para el personal destinado en las Illes Balears. En ella, cuestionaba si existía una previsión por parte del Gobierno central de revisar también la indemnización por residencia que recibe el personal del sector público estatal destinado en Canarias.
En su respuesta, el Ministerio se limita a señalar que «continuará analizando» la evolución de los factores que inciden en la compensación de los empleados públicos destinados en Canarias. Además, condiciona cualquier eventual modificación a la política retributiva del sector público estatal, a la negociación colectiva y a las disponibilidades presupuestarias.
Valido lamenta que la respuesta trasladada por el Ministerio no se corresponda con las declaraciones ofrecidas en julio por su máximo responsable, Óscar López, durante el debate de convalidación del real decreto-ley que habilitó la subida para Baleares. En aquella ocasión, a raíz de la intervención de la diputada de Coalición Canaria, el ministro abrió la puerta a revisar el complemento de residencia de los empleados públicos destinados en Canarias y aseguró que el Gobierno abordaría esa cuestión una vez resuelta la situación balear.
Asimismo, el Ejecutivo central explica en su respuesta que la actualización para Baleares «trae causa directa» de la Disposición Adicional única de ese real decreto-ley, que estableció la revisión de las cuantías, y precisa que la medida no altera el régimen aplicable en otros territorios. Valido recuerda que fue el propio Gobierno del Estado quien, a través de ese real decreto-ley, decidió abordar la situación de Baleares, por lo que nada le impide adoptar una decisión equivalente para Canarias.
Tal y como recogía Valido en su pregunta, los nuevos importes para Baleares, de entre 105 y 697 euros mensuales, quedan equiparados a los que percibe el personal destinado en Canarias, cuyas cuantías no se han revisado de forma específica desde 2007. Todo ello a pesar de las particularidades de Canarias que el propio Ministerio reconoce en su respuesta, como su condición de región ultraperiférica, su realidad archipelágica y los condicionantes asociados a la insularidad y la doble insularidad.
Como ya trasladó la formación nacionalista al Gobierno a través de la pregunta de Valido, la decisión de corregir el complemento balear pero no el canario supone, una vez más, «un tratamiento injusto” del Estado hacia el Archipiélago.
En ese sentido, la iniciativa recordaba además que la indemnización por residencia es un instrumento esencial para atraer y retener personal de la Administración General del Estado en las islas, en ámbitos como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia, la Agencia Tributaria o Instituciones Penitenciarias.
A este respecto, Coalición Canaria ha subrayado, a través de distintas iniciativas en el Congreso y en el Parlamento de Canarias, que la descongelación de esta indemnización es una de las principales reivindicaciones de colectivos como el de los funcionarios de prisiones.
Valido considera que, si la propia respuesta del Gobierno reconoce las singularidades de Canarias, ese reconocimiento debe traducirse en una actualización efectiva de las cuantías, en coherencia con los compromisos que el propio Ejecutivo central ha expresado en distintas manifestaciones públicas. Por ello, la parlamentaria nacionalista reclama al Gobierno de España que fije un calendario concreto para revisar el complemento de insularidad del personal público destinado en Canarias.
