La diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CCa), Socorro Beato, defendió en el Pleno del Parlamento el derecho de las familias que llevan décadas residiendo en viviendas protegidas de titularidad de la Comunidad Autónoma para acceder a su propiedad, pero advirtió de que el procedimiento debe realizarse con seguridad jurídica, igualdad de trato y evitando cargas fiscales adicionales para los afectados.
Beato intervino durante el debate de la PNL presentada por el Grupo Socialista sobre el cumplimiento del Decreto 1/2023 y el acceso a la propiedad de estas viviendas.
La diputada se dirigió especialmente a las familias que llevan cerca de treinta años cuidando sus viviendas y cumpliendo con el pago de sus alquileres y que aspiran legítimamente a obtener finalmente las escrituras.
“Su aspiración merece todo nuestro respeto y el reconocimiento de un derecho adquirido. Es un derecho y no vamos a permitir que nadie se lo quite”, afirmó.
Beato reivindicó, además, que la posición de Coalición Canaria sobre esta cuestión “siempre ha sido la misma” y recordó que el proceso para facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda protegida comenzó bajo gobiernos presididos por CC en la década de los noventa.
“No buscamos evitar el decreto, buscamos resolver sus lagunas”
La portavoz adjunta aseguró que el Decreto 1/2023 se está aplicando y que ya se han realizado cuatro ofrecimientos, pero señaló que su ejecución plantea una dificultad jurídica que debe resolverse para no perjudicar precisamente a las familias a las que pretende beneficiar.
Beato explicó que el decreto aprobado por el anterior Gobierno “in extremis”, establece el mismo procedimiento para las viviendas del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y para las de Visocan, a pesar de la diferente naturaleza jurídica de ambas entidades.
“El ICAVI es una administración pública y Visocan es una sociedad mercantil. No podemos ignorar esa diferencia porque podríamos acabar trasladando a las familias una carga impositiva que no les corresponde soportar”, señaló.
Según expuso durante el debate, ejecutar el traspaso sin resolver previamente esta cuestión podría implicar para determinados adjudicatarios el pago de IGIC, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales o plusvalías, generando además “un agravio comparativo inaceptable” respecto a los arrendatarios de viviendas del ICAVI.
“No queremos que estas familias paguen de más. Tienen los mismos derechos y queremos para todas ellas un tratamiento igualitario y seguro”, recalcó la diputada nacionalista.
Beato insistió en que el objetivo del Gobierno no es paralizar el proceso, sino encontrar una solución que permita a las familias convertirse en propietarias “con todas las garantías y sin sorpresas fiscales”. En este sentido, tendió la mano al Partido Socialista para “ir de la mano en la solución de este asunto y superar los obstáculos que hagan posible arreglar el procedimiento”.
La diputada nacionalista defendió que la política de vivienda debe dar respuesta tanto a quienes llevan décadas esperando las escrituras de sus casas como a las nuevas generaciones que tienen dificultades para acceder a un hogar.
En este sentido, destacó que el Gobierno de Canarias tiene actualmente más de 4.000 viviendas en distintas fases de desarrollo en el Archipiélago, dentro de su estrategia para incrementar el parque público.
“Tenemos que resolver con seguridad jurídica el pasado para que estas familias tengan la propiedad que merecen y, al mismo tiempo, construir las viviendas que necesitan sus hijos, sus nietos y las futuras generaciones”, sostuvo.
En esta línea, el PSOE ha aceptado la enmienda presentada por Coalición Canaria encaminada a seguir tramitando y resolver, conforme a la normativa aplicable, los expedientes de acceso a la propiedad ya iniciados a raíz de los ofrecimientos de venta realizados hasta la fecha por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y por VISOCAN, dictando resolución expresa y motivada en aquellos casos en los que actualmente opera el silencio administrativo.
