El Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CCa), ha logrado el respaldo del Pleno del Parlamento a una Proposición No de Ley para garantizar que la transición hacia un transporte más sostenible en Europa tenga en cuenta las singularidades de Canarias como región ultraperiférica y no termine encareciendo de forma desproporcionada la movilidad de los residentes, el transporte de mercancías y la actividad económica de las Islas.
Martín Fumero defendió que Canarias comparte los objetivos europeos de descarbonización, pero reclamó que su aplicación se adapte a la realidad de un territorio alejado, fragmentado y dependiente del transporte aéreo y marítimo.
«Canarias no pide quedar al margen de la acción climática. Lo que pide es una transición justa y adaptada a una realidad en la que volar o navegar no tiene una alternativa equivalente», señaló.
El diputado recordó que para Canarias la conectividad «no es una opción», sino una necesidad que condiciona el día a día de sus habitantes. Los residentes necesitan desplazarse en avión o barco por motivos de salud, estudios o trabajo, mientras que prácticamente toda la actividad económica y el abastecimiento de las Islas están condicionados por el transporte.
Por ello, advirtió de que cualquier incremento de los costes asociados a la conectividad puede terminar teniendo consecuencias sobre los billetes, las mercancías y, finalmente, sobre el coste de vida de los canarios.
La iniciativa del Grupo Nacionalista reclama la aplicación efectiva del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que constituye la base jurídica para adoptar medidas específicas destinadas a las regiones ultraperiféricas teniendo en cuenta sus condicionantes estructurales.
Para Martín Fumero, la política climática europea debe mantener su ambición sin olvidar las singularidades. «Tratar de la misma manera a territorios que parten de realidades completamente diferentes puede terminar generando una desigualdad mayor», defendió.
En este sentido, señaló que Canarias necesita tiempo, inversión y alternativas tecnológicas viables para avanzar en la descarbonización sin trasladar a ciudadanos y empresas unos costes derivados de una movilidad que, en gran medida, no pueden evitar.
Martín Fumero valoró como un avance la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado 17 de julio para revisar el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS). La propuesta incluye disposiciones específicas para las regiones ultraperiféricas y plantea prolongar hasta el 31 de diciembre de 2035 determinadas excepciones aplicables a conexiones aéreas y marítimas.
El parlamentario nacionalista advirtió, sin embargo, de que se trata todavía de una propuesta legislativa y que, por tanto, el objetivo ahora debe ser proteger los intereses de Canarias durante toda la negociación europea.
En este sentido, la PNL insta al Gobierno de Canarias a defender ante el Gobierno de España, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE que la reforma mantenga hasta 2035 un tratamiento específico para las conexiones aéreas y marítimas esenciales de Canarias.
Asimismo, reclama al Gobierno de España que sostenga esta posición durante toda la negociación y defienda una aplicación plena del artículo 349.
La propuesta plantea también reforzar la coordinación de Canarias con el resto de las regiones ultraperiféricas para conseguir una posición común frente al impacto económico que pueda tener la transición ecológica en las personas residentes, el transporte de mercancías y los sectores productivos.
La PNL propone que Canarias, el Estado y la Unión Europea impulsen conjuntamente un programa específico de descarbonización de la conectividad canaria que apoye combustibles sostenibles, electrificación y eficiencia de puertos y aeropuertos, energías renovables y proyectos piloto adaptados a las condiciones de las Islas.
Para Coalición Canaria, la defensa de las singularidades de Canarias debe ser compatible con los objetivos climáticos europeos sin que nuestra condición de islas y nuestra lejanía suponga una penalización para quienes viven y trabajan aquí.
