Alba Aula, secretaria del consejo de administración del CD Tenerife y reconocida notaria en la isla, presentó en la mañana de este pasado domingo (29 de septiembre) su renuncia a un cargo que venía ocupando desde la Junta General de Accionistas, según ha podido saber en exclusiva Diario de Avisos. Fue en esa junta en la que se produjo el relevo en la Presidencia de la entidad y Paulino Rivero asumió el cargo de presidente.
Esta es la primera víctima de una grave crisis institucional que padece el CD Tenerife en una renuncia que no se hará efectiva hasta que se convoque una nueva junta.
Los escándalos en torno a la gestión de José Miguel Garrido, el empresario madrileño afincado en Londres y máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, se multiplican. Ésta ha sido la semana horribilis del año en la entidad, en la que Diario de Avisos adelantó en exclusiva la venta de un importante paquete de acciones del 10 por ciento del Club por parte de Garrido a un inversor inglés hace un año, transacción que al parecer se mantuvo oculta, y que finalmente derivó en la interposición de una querella criminal presentada en la mañana del pasado jueves en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife por parte del inversor británico, que afirmó en declaraciones a este periódico, haber sido objeto de una estafa millonaria por parte de garrido, además de haber detectado en el proceso, una grosera falsificación de documentos públicos que implicaría pena de prisión para el mandatario del representativo tinerfeño en la liga española de futbol.
Según confirmó ayer a Diario de Avisos el portavoz de una amplia representación de accionistas minoritarios (no integrados en el pacto societario que gobierna actualmente el club, sostenido por el propio José Miguel Garrido y los empresarios Amid Achi, Conrado Bacallado y Miguel Concepción), ya han establecido contacto con el inversor británico y su equipo de letrados en Reino Unido y España con la finalidad de presentar una nueva querella criminal contra el director general del club y también miembro del consejo de administración, Santiago Pozas.Según se desprende de la gran cantidad de pruebas aportadas por el inversionista británico, supuestamente objeto de estafa por parte de José Miguel Garrido, los delitos penales denunciados esta semana en la jurisdicción de Santa Cruz de Tenerife también afectan de lleno a Santiago Pozas, por un supuesto encubrimiento de la presunta estafa urdida por Garrido, y por su posible colaboración necesaria para que las acciones adquiridas por éste no fuesen inscritas en el libro de registro de la entidad, con la salvedad de que sobre estos títulos incurría una garantía pignoraticia en favor del acreedor (inversor británico), como así establece tácitamente el estatuto social del club.
La querella presentada esta semana contra José Miguel Garrido, también se hace extensiva a las sociedades de su propiedad, Eolus Capital Limited, radicada en el Reino Unido y la mercantil española, Only One Way, S.L., de la cual es administrador único su hermano, y en la que curiosamente figura como apoderado, Santiago Pozas Arjona (Sevilla, 1962) que en la actualidad se sienta en el consejo de administración del Club y ejerce también como director general de la entidad, por imposición del principal accionista del Tenerife.
Los delitos que fundamentan la querella, como ya ha desveledo Diario de Avisos, están relacionados con la compraventa del 10 por ciento de las acciones del Club Deportivo Tenerife por un importe de 3,5 millones de euros, de los cuales, el inversor británico abonó a Garrido un millón de euros en concepto de adelanto. En el mismo acto de la compraventa, se firmó un acuerdo en escritura pública ante el mismo notario, por el que el inversor inglés sindicaba las acciones adquiridas en favor de la sociedad Eolus Capital Ltd, propiedad de José Miguel Garrido.
En dicha escritura de compraventa, además, se recogía expresamente que el querellado debía otorgar en documento notarial aparte, garantía pignoraticia sobre 10.388 acciones del Club Deportivo Tenerife. Según ha manifestado a este periódico el propio inversor inglés, el mismo decidió aceptar de buena fe la propuesta de Garrido de proceder con ese documento en un plazo máximo de 48 horas.
Finalmente, José Miguel Garrido dio traslado al inversor, un mes más tarde, de una escritura unilateral de prenda que según recoge el texto de la querella “resultó ser una grosera falsificación de un documento notarial, cuya lectura no tiene desperdicio”. En dicho documento con apariencia de escritura pública no figuraría el obligado número de protocolo pero se insistiría reiteradamente en la intervención del notario en dicho acto “lo que resulta absolutamente falso”, según la querella.
