Lo sucedido en los últimos días marca un nuevo y alarmante episodio en la degeneración institucional del Gobierno de Pedro Sánchez. La difusión por parte del PSOE —desde sus cuentas oficiales, desde sus ministros y desde medios afines— de un supuesto complot contra el presidente del Gobierno, atribuido a un agente de la UCO contratado por la Comunidad de Madrid, no solo es falso: es una operación de propaganda propia de regímenes que han abandonado la democracia.
Desde el primer momento, altos cargos del PSOE lanzaron un mensaje demoledor: que había mensajes de un mando de la Guardia Civil deseando atentar contra Sánchez. Con palabras como “desterrar”, “atentado” o “intolerable”, se sembró un relato de alarma que apuntaba directamente a Isabel Díaz Ayuso, a la Guardia Civil y a todo aquel que investigue las cloacas del poder socialista.
Entre los que se sumaron con entusiasmo a esta narrativa está Ángel Víctor Torres, ministro canario y portavoz fervoroso de Sánchez, que llegó a declarar textualmente que ese mando de la UCO “no podía permanecer ni un minuto más en su cargo”, y que “todo lo que conocimos después aumentó la gravedad”. Hoy sabemos que todo fue falso. Que no hubo tal amenaza. Que el bulo nació del PSOE y fue amplificado por sus altavoces mediáticos. La pregunta es clara: ¿debería entonces seguir Ángel Víctor Torres ni un minuto más en su cargo?
La bomba de humo: el último delirio de Sánchez y su gobierno acorralado
Los vídeos que hoy mostramos lo dejan claro. Mientras Sánchez y los suyos se aferran al poder, eluden responsabilidades y usan el miedo como escudo. Fabrican amenazas cuando son ellos quienes deberían dar explicaciones ante la justicia por los contratos, los privilegios, los abusos y el nepotismo.
Lo más grave no es ya la mentira, sino el uso de las instituciones del Estado—como el PSOE o los ministerios— para sembrar miedo, intoxicar a la opinión pública y deslegitimar a los cuerpos de seguridad. Han intentado dañar a la UCO para salvarse a sí mismos.
Este editorial no es una denuncia: es una llamada a la acción. A los medios libres, a los ciudadanos informados, y a las fuerzas políticas que aún respetan la ley. No podemos permitir que se normalice la mentira como herramienta de poder.
