Tal y como anunció en su momento el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha solicitado formalmente al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilonso Pujol que proceda a recurrir la constitucionalidad de La Ley de Amnistía, “porque”, tal y como señala el alcalde capitalino, “muchísimos expertos jurídicos e incluso los letrados del senado ponen en cuestión su constitucionalidad”. “Es una magnífica ocasión”, añadió, “para que el Defensor del Pueblo demuestre su independencia respecto al Gobierno de España”. El texto íntegro de la misiva es el siguiente:
“Estimado Sr. Gabilondo:
Como alcalde de Santa Cruz de Tenerife, capital de la provincia del mismo nombre, de la isla de Tenerife y cocapital de Canarias, he manifestado, en no pocas ocasiones, mi absoluto rechazo a la llamada Ley de Amnistía (Ley Orgánica L/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización insütucional, política y social en Cataluña) publicada hoy en el Bolefn Oficial del Estado tras su aprobación en el Congreso y, sobre todo, a sus consecuencias, entendiendo que vulnera principios consütucionales como la igualdad de todos los ciudadanos del Estado Español, recogida en el artículo L4,y la separación de poderes.
El pasado 29 de sepüembre de 2023, el Pleno del Ayuntamiento que presido aprobó una moción en contra de la citada Ley. Esa moción no solo recogía el senür de la mayoría representada en este Ayuntamiento, sino también de una gran parte de la ciudadanía, magistrados, notarios, jueces, abogados, colegios profesionales, colectivos sociales y económicos que, públicamente, y de manera reiterada, hasta el día de hoy, han manifestado su rechazo absoluto a esta norma. Consecuentemente, firmé una instrucción para que los servicios jurídicos del Ayuntamiento exploraran todas las vías judiciales a nuestro alcance para luchar contra su aplicación.
Lo hice en observancia de las obligaciones que mi cargo conlleva, entre las que están procurar el cumplimiento de las mociones aprobadas por el Pleno y hacerlas valer en las instancias que correspondan.Y sobre todo, porque es mi deber como alcalde actuar en la defensa del bien común, de ta ciudadanía a la que me debo, de la Constitución que juré y de los principios democráticos. El informe de los servicios jurídicos concluyó QU€, desde el ámbito municipal, no hay posibilidad de impugnaL directamente, la Ley, pero sí de
acudir a otras instancias, entre ellas, la que usted representa.
Por ello, estando la Ley publicada, ante la imposibilidad de hacerlo en virtud de mi cargo de alcalde-presidente, le pido que interponga recurso de inconstitucionalidad, que permita la suspensión de una norma que atenta contra el Estado de Derecho y los principios consütucionales que, como servÍdores públicos, hemos acatado y debemos defender hasta las
úlümas instancias.
Nuestra solicitud se fundamenta en que la norma vulnera directamente la Consütución Española de 1978, atacando al Estado de Derecho y, entre otros, a los principios básicos de la seguridad jurídica, la igualdad de todos los españoles y la independencia y exclusividad judicial, de modo que una Ley, que, por principio, debe ser general y no puede ser usada como instrumento político, se convierte en un privilegio para unos pocos.
Además, la Ley ha sido vetada por el Senado, en un choque insütucional sin precedentes en nuestra Democracia, en base, entre otros informes, al de los letrados de esa Cámara, quienes también denuncian su inconsütucionalidad y los derechos que entran en conflicto con la arquitectura jurídica de la Unión Europea. Este episodio es una muestra más de la fractura social y el conflicto entre instituciones que la Ley promueve.
En consecuencia, le reitero eleve nuestra solicitud al Tribunal Constitucional y quedo a la espera de sus noticias”.
Atentamente, José Manuel Bermúdez Esparza, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
