El Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha abierto un expediente de investigación a Aqualia, responsable de la operación y el mantenimiento de la depuradora de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, tras el derrame de cloruro férrico diluido registrado en el interior de las instalaciones. El Cabildo exige esclarecer con celeridad lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan.
En una declaración sobre el incidente, el consejero expresó la preocupación del Consejo Insular de Aguas y precisó que el producto cayó al suelo dentro de la planta. Sin embargo, advirtió de que todavía debe determinarse si una parte pudo alcanzar las redes pluviales situadas en el exterior y, eventualmente, llegar a la costa. Ese extremo, señaló, tendrá que aclararse mediante la investigación y los análisis correspondientes.
El consejero explicó que el cloruro férrico se utiliza en el tratamiento terciario: el proceso adicional al que se somete el agua ya depurada para obtener agua regenerada destinada al riego. La investigación deberá establecer las circunstancias del incidente, la cantidad de producto derramada y cuál fue su destino.
El Consejo Insular de Aguas ha requerido a Aqualia toda la información sobre lo sucedido, las medidas adoptadas y el cumplimiento de los protocolos de seguridad, mantenimiento y protección ambiental. «No adelantaremos conclusiones hasta conocer todos los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes», afirmó el consejero.
La investigación se desarrolla en un contexto de versiones contradictorias sobre el posible recorrido del producto. Entre las líneas abiertas figura la posibilidad de que la rotura de la conducción fuera intencionada, hipótesis planteada por la empresa gestora. El Cabildo subraya que no descarta ninguna posibilidad mientras no se conozcan los resultados de las inspecciones, las muestras y las actuaciones de los organismos competentes.
La Policía Local de Puerto de la Cruz ha inspeccionado las instalaciones y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil también se han personado en la planta. El Cabildo considera especialmente grave cualquier incidente que pueda comprometer la seguridad de una instalación de estas características o tener consecuencias ambientales. Si se acredita algún incumplimiento, exigirá las responsabilidades pertinentes y las medidas correctoras y preventivas necesarias.
