El Cabildo de Tenerife aprobó en el Pleno celebrado hoy viernes (27 de febrero) una moción en la que insta al Gobierno de España a que, con carácter inmediato, negocie y acuerde con el Gobierno de Canarias la aprobación de dicha norma mediante Real Decreto Ley en Consejo de Ministros, garantizando su plena dotación presupuestaria, su ejecución efectiva y el cumplimiento de los compromisos recogidos para Canarias.
La Corporación insular respalda así la iniciativa impulsada por el Ejecutivo autonómico para la aprobación de un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Mantenimiento y Recuperación de las Condiciones Sociales y Económicas de Canarias, una norma concebida como respuesta a la situación de extraordinaria y apremiante necesidad que atraviesa el Archipiélago.
El acuerdo adoptado en el Pleno subraya que Canarias “no reclama privilegios, sino justicia y cumplimiento efectivo de los compromisos estatales. La singularidad del Archipiélago, territorio fragmentado, alejado del continente y con sobrecostes estructurales derivados de su condición ultraperiférica, exige respuestas específicas que garanticen la igualdad real de oportunidades de la ciudadanía canaria”.
En este sentido, el Pleno del Cabildo acordó, en primer lugar, dar su respaldo expreso a la propuesta de Real Decreto Ley aprobada por el Gobierno de Canarias por su impacto directo en la ciudadanía y en la sostenibilidad de los servicios públicos.
En segundo término, aprobó el requerimiento firme al Gobierno de España para que negocie y apruebe de forma inmediata la norma en Consejo de Ministros, asegurando no solo su aprobación formal, sino su plena dotación presupuestaria, su ejecución real y el cumplimiento íntegro de los compromisos asumidos con Canarias.
Asimismo, el Cabildo insta al Congreso de los Diputados y a sus grupos parlamentarios a convalidar el texto en los plazos legalmente previstos, evitando demoras que puedan poner en riesgo la continuidad de medidas esenciales para el Archipiélago.
El acuerdo también reclama coordinación institucional entre el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos, con un enfoque de cohesión territorial que atienda a las diferentes realidades insulares, y prevé el traslado formal de la resolución a las presidencias de los Gobiernos de España y de Canarias, al Congreso de los Diputados, al Parlamento de Canarias, así como a la FECAI y la FECAM.
El Cabildo de Tenerife recuerda que los retrasos en la ejecución de partidas vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado aún vigentes han generado tensiones en la financiación de servicios esenciales, dificultando la capacidad de respuesta de cabildos, ayuntamientos y del propio Gobierno autonómico.
“Cuando los recursos no llegan a tiempo, se resienten los pilares del Estado del Bienestar: la sanidad, la atención social, la movilidad, la vivienda y las infraestructuras estratégicas. La propuesta de Real Decreto Ley parte de un contexto especialmente exigente para las Islas, donde convergen seis emergencias simultáneas: migratoria, habitacional, energética, hídrica, climática y tecnológica, además del reto demográfico y los desequilibrios entre islas”, explica el texto acordado.
Esta realidad requiere medidas urgentes, estructuradas y con respaldo financiero suficiente. Entre los bloques de actuación contemplados “se encuentran medidas para mejorar los ingresos laborales y reducir la brecha salarial, incentivos en el sector privado ligados a productividad, mejoras en pensiones no contributivas, con especial impacto social, planes específicos de empleo, financiación para movilidad y transporte, impulso a infraestructuras ferroviarias, refuerzo de la gratuidad educativa de cero a tres años, apoyo a la dependencia, cesión de suelo público estatal para vivienda protegida y compensaciones por sobrecostes derivados de la insularidad, entre otras actuaciones”.
Desde el Cabildo se insiste en que el denominado “Decreto Canarias” constituye una herramienta imprescindible para garantizar la continuidad de los servicios públicos básicos, reforzar la cohesión territorial, sostener medidas de protección social y movilidad, asegurar financiación estable para las administraciones locales y mejorar las condiciones salariales y sociales de la población.
La Institución insular reafirma así su compromiso de seguir colaborando en un diálogo serio y constructivo que permita que Canarias cuente con un marco jurídico y financiero acorde a su realidad diferenciada, defendiendo que la igualdad efectiva solo se logra cuando el Estado adapta sus políticas a las circunstancias específicas de cada territorio.
