El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha acordado este jueves (2 de julio) la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del teniente general Manuel Llamas, actual director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción.
El magistrado indaga en una presunta red supuestamente dinamizada por la exmilitante socialista Leire Díez que desestabilizar a los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) que estaban investigando causas que afectaban al PSOE, el Gobierno y el entorno familiar de Pedro Sánchez. González y el alto mando tendrán que declarar el próximo 16 de julio por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, puesto que la Fiscalía cree que se “instrumentalizaron” la apertura de investigaciones internas a agentes como “mecanismo de presión” para crear un “clima” de intimidación que les hiciera autocensurarse.
Según la investigación, la directora de la Guardia Civil se reunió en tres ocasiones con Díez, aunque ella solo reconoció dos cuando compareció en el Senado el pasado 16 de junio. El primero, celebrado solo 13 días después de asumir el cargo, afirmó que tuvo lugar cuando la conocida como fontanera del PSOE le pidió tomar un café para tantearla a nivel profesional. En la segunda reunión reconocida, Díez le planteó la posibilidad de que el comandante Rubén Villalba —imputado en el caso Koldo y suspendido de empleo y sueldo— fuera repuesto en su cargo, algo a lo que González aseguró que se negó. La directora del instituto armado insistió en que “nunca jamás” había participado en ninguna trama o conspiración contra la UCO “ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna otra persona”.
Los informes de la propia UCO en el marco de este asunto van en línea opuesta y aseveran que la exmilitante socialista “habría conseguido instigar” a González para que “iniciara actuaciones administrativas” contra los agentes que estaban investigando al entorno del Gobierno. En concreto, el sumario detalla tres informaciones reservadas (investigaciones internas que pueden desembocar en la apertura de un expediente disciplinario) que se iniciaron y se archivaron sin consecuencias. Tras haberse hecho públicas estas nuevas imputaciones que ha avanzado EL PAÍS, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reaccionado manteniendo su confianza en la directora y el teniente general Llamas y ha asegurado que “seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera”.
En el auto que este jueves del juez Pedraz se acogen los argumentos del escrito de Anticorrupción, así como del PP, que también había solicitado este miércoles sendas imputaciones, “al existir”, dice el instructor, “indicios de responsabilidad”. Pedraz no accede, en cambio, a la imputación del anterior director de la Guardia Civil Leonardo Marcos (en el puesto desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024), que planteaban los populares.
El escrito de la Fiscalía, que fue presentado este miércoles, explica cómo el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán puso “a disposición” de la organización criminal (que integraban presuntamente él, Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset) la “infraestructura logística y financiera” del partido para que hicieran ofrecimientos a varios funcionarios como guardias civiles —el capitán Juan Sánchez Yepes (exmiembros de la UCO que está imputado por un asunto de hidrocarburos) o el comandante Villalba— y fiscales —el exfiscal Anticorrupción José Grinda o el fiscal Ignacio Stampa— “a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo”. Se estableció la premisa, dicen las fiscales, de atacar a la Fiscalía Anticorrupción y a la UCO, y recuerdan que en la libreta de Leire Díez se encontraron anotaciones como “Operación PSOE” o “UCO patriótica”.
A partir de ahí, el Ministerio Público subraya que en el procedimiento ya han declarado seis altos mandos de la Guardia Civil, entre el 23 y el 26 de junio, y que, además, se han recabado las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la benemérita para esclarecer supuestas filtraciones que achacaban a la UCO. Entre los que ya comparecieron ante el juez, los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo (ambos antiguos jefes de la UCO) coincidieron en afirmar que Mercedes González nunca les contó sus reuniones con Leire Díez, una versión que choca con la que ella había dado en el Senado. Es por ello que las fiscales entienden que González solo pueda ir como investigada a la Audiencia Nacional “a fin de salvaguardar su derecho a no declarar, no confesarse culpable y los demás [derechos] que le amparan en dicha condición”.
