El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar el correo contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La condena por este delito de revelación de datos reservados ha sido dictada por una mayoría aplastante de los miembros del tribunal: cinco votos a favor y dos en contra.
Además de la inhabilitación, el Supremo le ha impuesto que indemnice a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. Asimismo, tendrá que pagar una multa de 7.200 euros. Al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular, ejercitada por el perjudicado.
El sentido del fallo ha sido anunciado este jueves (20 de noviembre) al filo de las dos de la tarde y ya ha sido comunicado al condenado. La sentencia todavía está pendiente de redacción y surtirá efectos a partir de su notificación.
La resolución contará con dos votos particulares discrepantes de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García. De hecho, esta última era la ponente de la resolución, pero finalmente ha asumido su redacción el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta.
Se trata de una sentencia histórica ante la que el Gobierno, que ha venido defendiendo que García Ortiz era inocente, no le ha quedado ahora otra salida que anunciar que en los próximos días nombrará a otro fiscal general.
En el juicio ha habido siete acusaciones personadas, que pedían entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. A la acusación particular particular, ejercitada por Alberto González Amador, se suman seis acusaciones populares: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias y la acusación popular unificada que ha liderado la Fundación Foro Libertad y Alternativa e incluye a Vox y Hazte Oír.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado reclamaban la absolución de García Ortiz, defendiendo que no se había producido delito alguno. Asimismo, el Ministerio Público alegaba presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
Dos de las tres asociaciones de fiscales -la AF y la APIF-, a excepción de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que García Ortiz presidió, habían reclamado a García Ortiz que dimitiera antes del juicio para no dañar a la institución arrastrándola al banquillo y se defendiera como un ciudadano particular. Sin embargo, el fiscal general se agarró al sillón. Y será removido ahora de él tras el fallo por decisión del Ejecutivo, no ha salido de García Ortiz.
El fiscal general del Estado filtró el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto que le fuese beneficioso.
En su declaración, que tuvo lugar en la penúltima sesión del juicio, el fiscal general, sólo respondió a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y esgrimió que él no filtró el email que perjudicaba al novio de la presidenta madrileña. García Ortiz se quedó sin explicación sobre el borrado de sus mensajes de whatsapp de los días de la polémica filtración de correos sobre la pareja de Ayuso. “No sé lo que hice”, declaró ante los jueces de la Sala Segunda.
“Primero, yo no estoy tan seguro de que sea un borrado, sé que entré en un menú en el que hay varias opciones, puede que hiciera el borrado, no estoy seguro. De lo que sí estoy seguro es que en los meses previos [al registro de la UCO] ya no estaban los whatsapps que podría enseñar para exculparme. No puedo enseñar el dispositivo porque había desaparecido. Di todas, absolutamente todas, mis contraseñas de cuentas personales y profesionales”.
