España ha logrado avances clave en el refuerzo del Estado de Derecho durante el último año, pero la Comisión Europea advierte que persisten importantes deficiencias estructurales. Así lo recoge el Informe sobre el Estado de Derecho en 2025, publicado este martes (8 de julio) por la Comisión y que dedica un capítulo específico a la situación española.
Uno de los hitos reconocidos es la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras años de bloqueo. La Comisión valora positivamente este paso y los más de 120 nombramientos ya realizados, aunque exige culminar la reforma del sistema de elección de vocales para ajustarlo a los estándares europeos de independencia judicial.
También se ha impulsado la reforma del Estatuto del Fiscal General del Estado, incluyendo un mandato de cinco años no renovable y la prohibición de designar a personas con cargos políticos recientes. A pesar de ello, varios sectores judiciales alertan de que la concentración de poder en la figura del fiscal general puede comprometer la autonomía del Ministerio Fiscal. La situación se complica tras conocerse que el actual fiscal está siendo investigado por el Tribunal Supremo por una presunta filtración de datos confidenciales.
En el ámbito judicial, la Comisión reconoce avances en digitalización y eficiencia, pero señala la extrema lentitud del Tribunal Supremo, con una media de 691 días para resolver casos civiles y mercantiles. También se critica que España sigue teniendo una de las ratios más bajas de jueces por habitante de la UE.
En materia de corrupción, la percepción ciudadana y empresarial es alarmante: el 89 % de los ciudadanos cree que la corrupción está extendida, y solo dos casos de cohecho internacional han acabado en condena desde 2016. La Comisión urge al Gobierno a cumplir con la ley y aprobar de forma inmediata una estrategia nacional contra la corrupción, pendiente desde 2024.
En paralelo, preocupa la falta de avances en acceso a la información pública y la opacidad del gasto en publicidad institucional, que este año ha superado los 160 millones de euros, el mayor desde 2008.
Respecto a los medios, Bruselas señala un grave deterioro en la libertad de prensa. El cambio en el sistema de elección del Consejo de RTVE ha sido criticado por su posible instrumentalización política, y se denuncia que la transparencia en la propiedad de medios y plataformas digitales sigue sin resolverse.
Además, los periodistas sufren cada vez más amenazas, presiones e incluso procesos judiciales. La Comisión recuerda que España tiene actualmente 27 alertas activas por ataques a la libertad de prensa registradas en el Consejo de Europa.
El informe también recoge la reciente declaración del Tribunal Constitucional que considera compatible con la Carta Magna la controvertida Ley de Amnistía para Cataluña, así como la tramitación de reformas que podrían limitar el ejercicio de la acción popular, algo que ha levantado inquietud en el ámbito judicial y entre organizaciones civiles.
Finalmente, se aplaude la creación de nuevas instituciones como la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y la Autoridad de Protección del Informante, ambas en fase de despliegue.
El informe insta a España a “redoblar esfuerzos” en transparencia, lucha contra la corrupción, protección a periodistas y blindaje institucional.
📎 Fuente: Informe sobre el Estado de Derecho 2025 – Comisión Europea.
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