El Pleno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz celebró este pasado martes (10 de febrero) una sesión extraordinaria en la que se abordó la aprobación del expediente de contratación de la nueva concesión administrativa del servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento, un contrato de gran calado para el municipio tanto por su impacto económico y ambiental como por la duración planteada.
La propuesta impulsada por el grupo de gobierno contempla una concesión de 40 años, una cifra que contrasta con el análisis realizado por la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, que ha emitido un informe específico sobre este expediente.
En dicho informe, la ONE señala que el propio estudio económico municipal sitúa la recuperación de la inversión en torno al año 19. A partir de ese dato, el organismo estatal elabora un “escenario base ajustado” en el que corrige la duración de la concesión a 24 años, al considerar que es el periodo razonable para garantizar la viabilidad del contrato conforme al marco legal vigente.

Pese a este posicionamiento técnico, el expediente fue aprobado por la mayoría del Pleno, registrándose el voto en contra de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), formación que forma parte del tripartito que sostiene al actual gobierno municipal.
ACP había presentado previamente una enmienda solicitando dejar el expediente sobre la mesa y constituir una comisión de estudio con participación de todas las fuerzas políticas y asesoramiento técnico y jurídico, ante la trascendencia del contrato y las dudas planteadas sobre su configuración.
En su escrito, la formación advertía sobre la duración de la concesión, el reparto del riesgo en el contrato y la inclusión de actuaciones como la construcción de una desaladora dentro del mismo expediente, aspectos que, a su juicio, requerían un análisis más profundo antes de su aprobación definitiva.
La votación evidenció tensiones internas dentro del propio bloque de gobierno, en un contexto municipal marcado por próximos debates de carácter económico que requerirán nuevamente el respaldo del Pleno y que serán determinantes para la estabilidad política del mandato.
Con el expediente ya aprobado en esta primera fase, el foco se traslada ahora a la evolución del procedimiento administrativo y a cómo el Ayuntamiento defiende una concesión de 40 años frente al criterio técnico de la ONE, que fija en 24 años el periodo máximo ajustado a la normativa estatal.
🔎 ¿Qué implica jurídicamente que la ONE fije 24 años?
El informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), órgano integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del Ministerio de Hacienda, no es un documento político, sino un informe técnico preceptivo cuando se trata de contratos concesionales de esta magnitud.
En el caso del Puerto de la Cruz, la ONE concluye que el período de recuperación de la inversión se sitúa en 24 años y que, conforme al artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público y al artículo 10 del Real Decreto 55/2017, no estaría fundamentado establecer una duración superior. 
Esto tiene varias implicaciones relevantes:
• La duración de una concesión no es discrecional: debe estar vinculada al tiempo necesario para recuperar la inversión más un rendimiento razonable.
• Si el periodo técnico de recuperación se fija en 24 años, extender la concesión hasta 40 requiere una justificación adicional sólida.
• El propio informe advierte, además, de la inexistencia de una transferencia suficiente de riesgo operacional, elemento esencial para que jurídicamente pueda configurarse como concesión.
En términos prácticos, el debate no es solo político, sino estrictamente jurídico y económico-financiero.








