
Durante la reunión, Jackson subrayó que los hogares afectados se enfrentan a una realidad compleja: el alto coste de los implantes y de sus componentes, unido a la necesidad de atención continuada, los sitúa en un escenario de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. La asociación que lidera busca precisamente acompañar a estas familias, ofrecer apoyo y reclamar políticas públicas que aseguren mayor protección y equidad.
Pérez mostró su disposición a escuchar y trasladar estas inquietudes al ámbito parlamentario, reconociendo la importancia de dar visibilidad a un colectivo que, pese a los avances tecnológicos, sigue afrontando serias dificultades para ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones.








