Los técnicos que han declarado en el juicio contra el exconcejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife Andrés Martín (PSOE), acusado de un delito de prevaricación administrativa, se han contradicho sobre la legalidad de los contratos menores a los que se recurrió en los Carnavales de 2020.
El juicio, que acoge desde este miércoles (15 de enero) la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, ha quedado pospuesto para el próximo 17 de febrero al no comparecer algunos de los testigos citados o que no fueron localizados.
En la jornada de hoy ha declarado por un lado el entonces secretario del Ayuntamiento, Luis Prieto, quien ha considerado que dadas las circunstancias fue totalmente legal recurrir a este tipo de licitaciones cuyo límite son los l5.000 euros.
Ha recordado que en octubre de 2019 se redactó el pliego de una forma conjunta, pero al presentarse en diciembre un recurso contra la adjudicación se tuvo que proceder a contrataciones menores, opción que, asegura, era totalmente legal y de hecho resultaba “la única posibilidad” que existía entonces.
La interventora ha relatado que después de los carnavales le pidieron un informe y se limitó a supervisar la multitud de facturas que le presentaron, de manera que dio por sentado que todo el procedimiento había sido correcto al igual que en otros años y que no se advirtió de irregularidad alguna.
Un técnico en aquel momento del Organismo Autónomo de Fiestas ha recordado que les pidieron hacer horas extras e incluso trabajar los domingos para poder sacar adelante los expedientes porque el concejal procesado les había pedido personalmente que se actuara con rapidez.
Cree que de no haberse recurrido a los contratos menores habría sido imposible celebrar actos como el Carnaval en la calle y ha recordado que existió una consulta a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, desde donde se avaló la fórmula elegida.
Las adjudicaciones eran firmadas por el edil y el criterio fue elegir la oferta más económica.
Un arquitecto municipal ha ratificado que nadie les advirtió de una posible ilegalidad y en cuanto a que se habían retirado de los pliegos el coste de los techos de los escenarios para no superar el límite de estos contratos, ha dicho que no siempre estos elementos son iguales y depende de la importancia del artista elegido.
En relación a la contratación del vallado ha asegurado que se trataba de un cuestión de seguridad para evitar que el público “se meta debajo de las carrozas”, como al parecer había ocurrido con anterioridad.
Entre quienes han discrepado con esta versión figura el anterior Oficial Mayor, quien por orden del alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), que sustituyó a Patricia Hernández (PSOE), realizó un documento de información reservada en el que fue rotundo al reflejar que no era posible llevar a cabo los trámites por esa vía.
En el mismo sentido ha declarado una letrada del Ayuntamiento, quien en 2023 estudió ese expediente y concluyó que existían indicios de delito y por ello el caso fue nuevamente llevado a Fiscalía.
Un asesor de la Concejalía de Cultura, cuyo hijo optó a este concurso sin conseguirlo, al contrario que otros años, ha admitido que presentó una denuncia que fue archivada, criticando entre otros aspectos que el concejal aconsejara que no se contratara a la empresa de su hijo al tacharla de “mafiosa”.
En el juicio han declarado empresarios que de forma habitual han trabajado con el Ayuntamiento de Santa Cruz en Carnavales, quienes han dicho que el propio concejal les había hecho la propuesta y que en alguna ocasión anterior también se recurrió a la fórmula de los contratos menores.
NOTA: La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife juzga por un delito de prevaricación al exconcejal de Fiestas de la ciudad, Andrés Martín, para quien la Fiscalía pide doce años de inhabilitación, por irregularidades cometidas en contratos del carnaval de 2020. La imagen pertenece a la Agencia Efe (Ramón de la Rocha).