La negativa de Junts, PP y Vox, junto al rechazo de otras formaciones parlamentarias, frustra las iniciativas del Ejecutivo para reforzar la protección de los inquilinos, ampliar la oferta de vivienda asequible y garantizar la continuidad de los contratos de alquiler
El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes los dos reales decretos-ley impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez para introducir nuevas medidas en materia de vivienda. La votación parlamentaria ha supuesto un revés para el Ejecutivo, que no ha conseguido reunir los apoyos necesarios para convalidar unas iniciativas que pretendían reforzar la protección de los inquilinos, ofrecer mayores garantías frente a determinados desahucios y establecer nuevas condiciones para la renovación de los contratos de alquiler.
La primera de las votaciones se ha saldado con 172 votos a favor y 178 en contra, una diferencia de seis diputados que ha impedido mantener en vigor el Real Decreto-ley 26/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado el resultado y ha confirmado la derogación de la norma.
La segunda votación tampoco ha permitido al Gobierno sacar adelante su propuesta. El decreto destinado a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual ha sido rechazado por 184 votos en contra frente a 166 a favor, lo que evidencia las dificultades del Ejecutivo para articular una mayoría parlamentaria en torno a sus iniciativas sobre vivienda.
El resultado deja sin efecto las dos normas aprobadas esta semana y abre un nuevo escenario de incertidumbre sobre la aplicación de las medidas que contenían. La derrota parlamentaria afecta tanto a las iniciativas de carácter social y fiscal incluidas en el primer texto como a la reforma de los contratos de alquiler planteada en el segundo.
Un primer decreto con poco más de 24 horas de vigencia
Uno de los aspectos más llamativos de la jornada ha sido la brevísima vigencia del primero de los decretos. La norma había entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pero su continuidad dependía de la convalidación del Congreso, conforme al procedimiento previsto para los reales decretos-ley.
El rechazo parlamentario ha provocado que las medidas incluidas en ese texto queden derogadas, después de haber permanecido en vigor durante poco más de 24 horas, según los datos facilitados sobre su entrada en vigor y la posterior votación.
El Real Decreto-ley 26/2026 recogía un conjunto de actuaciones destinadas a proteger la función social de la vivienda y favorecer la ampliación de la oferta asequible. Entre ellas figuraban medidas temporales relacionadas con determinadas adquisiciones de inmuebles residenciales, mecanismos de protección para personas vulnerables frente a los desahucios cuando no dispusieran de una alternativa habitacional y nuevas disposiciones sobre la consideración de los grandes tenedores.
El texto contemplaba, además, actuaciones fiscales y tributarias vinculadas al mercado inmobiliario, iniciativas para impulsar la promoción de vivienda asequible y medidas dirigidas a incrementar y proteger el parque público residencial.
La propuesta incluía también instrumentos para favorecer la incorporación de viviendas a programas de carácter social. Sin embargo, la falta de respaldo parlamentario ha impedido que el conjunto de estas disposiciones obtuviera la convalidación necesaria para continuar vigente.
La renovación de los alquileres, en el centro de la polémica
El segundo decreto se había convertido en uno de los puntos de mayor confrontación política por las consecuencias que podía tener sobre la relación entre propietarios e inquilinos.
El Real Decreto-ley 27/2026 planteaba modificar el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer un sistema de prórrogas automáticas sucesivas de los contratos de vivienda habitual una vez alcanzada su duración mínima legal.
La propuesta contemplaba prórrogas de cinco años cuando el arrendador fuera una persona física y de siete años cuando se tratara de una persona jurídica, salvo que alguna de las partes comunicara su voluntad de no continuar con el arrendamiento en los términos establecidos por la norma.
El decreto también ampliaba de cuatro a seis meses el plazo de preaviso exigido al propietario para comunicar su intención de no renovar el contrato.
Pero la disposición que ha generado mayor controversia era la indemnización prevista para los casos en los que el arrendador decidiera no prorrogar el alquiler sin que concurriera una de las causas justificadas contempladas en el texto.
En esos supuestos, el propietario tendría que abonar al inquilino una cantidad equivalente, como mínimo, a doce mensualidades de renta de una vivienda de características similares, calculada conforme a los criterios establecidos en la normativa.
El Ejecutivo defendía que estas condiciones contribuirían a reforzar la estabilidad residencial y a evitar que los inquilinos se vieran obligados a abandonar sus viviendas sin disponer de tiempo suficiente para encontrar una alternativa.
Por el contrario, los partidos contrarios a la iniciativa cuestionaban sus efectos sobre los propietarios y el funcionamiento del mercado del alquiler. Entre las objeciones planteadas figuraban la seguridad jurídica, las obligaciones que asumirían los arrendadores y las posibles consecuencias de la regulación sobre la oferta de viviendas disponibles.
La votación ha impedido que este nuevo régimen de prórrogas e indemnizaciones obtenga el respaldo parlamentario necesario para mantenerse en vigor.
Junts vuelve a marcar el desenlace parlamentario
La posición de Junts per Catalunya ha resultado determinante para el desenlace político de las iniciativas, al sumarse al rechazo de los decretos junto a otras formaciones parlamentarias.
El Gobierno había intentado conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante las medidas, conscientes de que la aritmética parlamentaria obligaba a negociar con grupos que mantenían importantes diferencias sobre la política de vivienda.
Sin embargo, las conversaciones no han permitido alcanzar un acuerdo suficiente para garantizar la convalidación de los textos.
El rechazo de Junts se ha unido al de PP y Vox, además de otras formaciones que se han opuesto a uno o a ambos decretos. En la primera votación, el resultado ha sido de 178 votos contrarios frente a 172 favorables. En la segunda, el rechazo ha aumentado hasta los 184 votos, frente a los 166 apoyos obtenidos por el Gobierno.
La diferencia entre ambas votaciones refleja que el Ejecutivo no se enfrentaba exactamente a la misma distribución de apoyos en los dos textos. Las distintas posiciones de los grupos parlamentarios respondían, entre otras cuestiones, a sus discrepancias sobre la protección frente a los desahucios, la regulación de los contratos y las obligaciones que se impondrían a los propietarios.
La consecuencia inmediata ha sido el rechazo de las dos iniciativas, pese a los esfuerzos del Gobierno por mantenerlas en vigor.
Coalición Canaria diferencia su posición en las dos votaciones
La votación también ha puesto de manifiesto las diferencias entre las formaciones que han respaldado el primer decreto y las que han apoyado o rechazado la segunda iniciativa.
En el caso de Coalición Canaria, la formación ha mantenido posiciones distintas ante los dos textos. La diputada nacionalista Cristina Valido ha respaldado el primero, después de que el Gobierno aceptara abrir la puerta a la tramitación parlamentaria de la norma como proyecto de ley para permitir la presentación de enmiendas, mientras que ha rechazado el segundo, referido a la renovación automática de los contratos de alquiler.
Los nacionalistas canarios habían expresado sus reservas sobre las consecuencias de algunas de las medidas propuestas y habían reclamado que se tuvieran en cuenta las particularidades del mercado residencial del Archipiélago.
Su posición se enmarca en el debate sobre la necesidad de incrementar la oferta de viviendas, facilitar la construcción de nuevos inmuebles y garantizar al mismo tiempo la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.
La diferencia de criterio entre ambas votaciones evidencia que el rechazo parlamentario no responde a una única posición compartida por todos los grupos contrarios a las iniciativas, sino a discrepancias concretas sobre el contenido de cada decreto.
Pedro Sánchez advierte a los grupos que han votado en contra
La sesión ha estado marcada por la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha querido subir a la tribuna del Congreso para defender las medidas y dirigirse directamente a los grupos parlamentarios que se disponían a votar en contra.
En un mensaje de marcado contenido político, Sánchez ha advertido a los diputados contrarios a los decretos: «La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan».
Sus palabras reflejan la importancia que el Ejecutivo había otorgado a estas iniciativas, presentadas como una respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda y a la necesidad de reforzar las garantías de quienes residen en régimen de alquiler.
La intervención presidencial se ha producido en un contexto de fuerte confrontación parlamentaria, con el Gobierno tratando de convencer a los grupos de la necesidad de mantener las medidas y con las formaciones contrarias defendiendo sus discrepancias respecto a las soluciones propuestas.
La derrota de los dos decretos supone, además, un nuevo episodio de dificultad para el Ejecutivo a la hora de reunir una mayoría suficiente en el Congreso para sacar adelante iniciativas legislativas de especial relevancia social y económica.
Una derrota con consecuencias para la política de vivienda
El rechazo de los dos decretos deja en suspenso el paquete de medidas que el Gobierno había aprobado para actuar sobre distintos aspectos del mercado residencial.
Por una parte, decaen las disposiciones del primer texto, relacionadas con la protección de personas vulnerables, determinadas operaciones de adquisición de vivienda, la fiscalidad y el impulso de la oferta asequible.
Por otra, tampoco prospera el sistema de renovación automática de los contratos de alquiler planteado en el segundo decreto, ni la indemnización de doce mensualidades prevista para determinados supuestos de no renovación por parte del propietario.
La decisión parlamentaria obliga a diferenciar entre las medidas que el Gobierno pretendía introducir mediante estos dos reales decretos-ley y las disposiciones que ya forman parte de la legislación vigente por otras vías. El rechazo de las nuevas normas no supone, por sí mismo, la desaparición de toda la regulación existente en materia de vivienda y arrendamientos, sino la pérdida de vigencia de las medidas contenidas en los textos no convalidados, con los efectos jurídicos que correspondan en cada caso.
El desenlace también vuelve a situar en primer plano el debate sobre cómo responder a las dificultades de acceso a la vivienda, un asunto en el que confluyen las necesidades de los inquilinos, las obligaciones de los propietarios, la disponibilidad de inmuebles y las competencias de las distintas administraciones.
Con las dos votaciones celebradas este viernes, el Gobierno ve frustrado su intento de sacar adelante un paquete de medidas que había aprobado apenas unos días antes. La derrota parlamentaria deja abierta la discusión sobre las alternativas que puedan plantearse a partir de ahora para reforzar la protección residencial y ampliar la oferta de vivienda asequible.
Por el momento, el resultado del Congreso es concluyente: los dos decretos de vivienda han sido rechazados y las medidas que contenían no han obtenido la convalidación parlamentaria necesaria para continuar vigentes.
