El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla, a través del área de Patrimonio Cultural que dirige el primer teniente de alcalde Juan Siverio, firmó recientemente un convenio con el área de Presidencia, Administración y Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife con objeto de iniciar los trámites para poner en marcha el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la Villa, acción prevista en la línea de actuación relativa a las subvenciones a conceder a Ayuntamientos para la elaboración y aprobación de planes especiales de protección, así como de catálogos municipales de bienes patrimoniales culturales, correspondiente al Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027.
Esta actuación, que parte con un presupuesto total de 120.000 euros, 90% aportado por la administración insular y el restante por la local, va destinada a la redacción de la totalidad del Plan Especial de Protección, la ejecución de los trámites necesarios para su aprobación definitiva y la posterior entrada en vigor, en conformidad con Ley 11/2019, de 25 de abril, del Patrimonio Cultural de Canarias.
El Plan, que será un instrumento esencial para el desarrollo de cualquier acción destinada a mejorar y proteger el conjunto histórico municipal, será además un elementó básico de consulta sobre la evolución histórica y urbanística del municipio, el marco legal de la protección del patrimonio cultural en Canarias y el régimen jurídico de los catálogos, el patrimonio cultural del municipio con sus características generales, el patrimonio arquitectónico, espacios urbanos, patrimonio arqueológico, patrimonio etnográfico, patrimonio industrial, patrimonio inmueble y diagnóstico del patrimonio cultural municipal.
Por otro lado, incluirá los criterios de catalogación y la definición de los grados de protección, así como la normativa y la estipulación de procedimientos, promoviendo con ello una mayor seguridad jurídica para los propietarios y titulares de inmuebles en conjuntos históricos, ya que establece una ordenación pormenorizada y el régimen de intervenciones y usos, lo que permite conocer de antemano qué actuaciones son permitidas, a la vez que agiliza el otorgamiento de licencias al suprimirse el trámite de autorización por parte del Cabildo Insular.
