El concejal y coportavoz de Unidas se puede, Rubens Ascanio, instó al gobierno local en el mes de octubre que, tras la declaración del 31 de octubre como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas, en la nueva Ley de Memoria Democrática, no se haya colocado la placa acordada en la sesión plenaria para recordar la memoria de once de las víctimas republicanas laguneras, que según distintos informes y estudios, pudieron estar enterradas en el Cementerio de San Juan.
Ascanio indica que en la moción número 18 del pleno celebrado el 14 de abril de 2016 se tomó el acuerdo unánime para “Poner una placa en el cementerio de San Juan, que recuerde a los once vecinos asesinados por su adscripción política, y sirva a sus familiares de lugar de recuerdo, en tanto sus cuerpos no aparezcan”.
Recuerda que en los dos últimos mandatos han dado traslado en varias ocasiones de esta cuestión, al menos en 2019, 2021, 2022 y 2023, “planteado soluciones para el cumplimiento del mismo, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta, mientras otros recordatorios necesarios, como el destinado a los afectados por el accidente aéreo de Los Rodeos sí cuentan con un espacio para su recuerdo”.
“Las familias de estos once vecinos, asesinados por sus ideales políticos y su defensa de la legalidad democrática de ese momento, todavía no tienen un lugar donde dedicarles un recuerdo u homenaje, al desconocerse 87 años después de ser detenidos y desaparecidos en qué lugar descansan sus restos”, expone.
Desde Unidas se puede entienden que esta iniciativa se corresponde con el cumplimiento de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, así como la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. En este sentido les parece llamativo que “durante los últimos siete años tanto el área de Cementerios como la de Presidencia ha estado liderada por el PSOE, salvo los últimos meses de 2018 y los primeros de 2019, no entendemos que en ese tiempo no hayan sacado tiempo para abordar este compromiso que trata de cumplir unas leyes de las que esa fuerza también es partícipe”. En este tiempo creen que no se ha informado de ningún impedimento para la colocación de este elemento de memoria, hasta que al fin aparezcan los cuerpos de estos vecinos represaliados, cumpliendo además el espíritu del contenido de la Ley de Memoria Democrática.
Estas once personas rondaban los 30 y 40 años, alguno incluso menos, y sus nombres eran: Cecilio de Armas Fernández, Domingo Cruz Cabrera, Manuel Luis Figueredo Rojas, Domingo García Hernández, Saturnino González Rodríguez, Vicente Hormiga Mederos, Juan José Martín Escobar, Alfonso Martín Power, Alfredo Mederos Galán, Guetón Rodríguez de la Sierra Melo y Jacinto Silvera Peña. “Nos parece de justicia que sus familias puedan al fin disponer de un lugar donde recordar y rendir un justo homenaje”, explica.
“En este tiempo transcurrido desconocemos qué impedimento ha existido para contar con este espacio de memoria y reconocimiento, esperamos sinceramente que no se trate de una falta de voluntad política, que sería difícil de entender a estas alturas del siglo XXI”, apostilla.
