Rubens Ascanio, concejal y coportavoz de Unidas se puede en La Laguna, ha presentado un escrito demandando información sobre las acciones desarrolladas por parte del Ayuntamiento en el control del uso del espacio dentro del dominio público marítimo terrestre.
Explica que en septiembre de 2021 llegó al área de Medio Ambiente del Ayuntamiento un informe de la inspección realizada por un agente del Servicio Provincial de Costas, entre los hitos M476 y M517 del deslinde DL129TF, entre la localidad de La Barranquera y la Playa de El Apio, en TM de La Laguna, tras haber recibido información de la Policía Local de La Laguna sobre la existencia de numerosas casetas o chabolas instaladas en este tramo de costa. En esta inspección se comprobó que un total de 18 instalaciones tipo chabola, casetas, ruinas o edificaciones de distinto tamaño y ocupando diferentes superficies mediante terrazas y mobiliario, que hasta donde sabemos permanecen en la zona. De estas construcciones, todas menos una, estaban destinadas a ocupación esporádica los fines de semana o para uso de pescadores.
La gestión del área municipal se basó en comprobar estas infracciones y derivar a las distintas áreas competentes las peticiones correspondientes para devolver estos espacios a la normalidad. “En el caso de los servicios sociales se hicieron los informes pertinentes para conocer las circunstancias de la única edificación con uso como vivienda, derivándose el resto a Urbanismo y Seguridad Ciudadana”, explica.
Ascanio indica que en el informe de Costas se decía que “se considera conveniente realizar una actuación en la zona, de forma coordinada con la ACPMN y el Ayuntamiento de La Laguna, a fin de poder retirar las instalaciones desmontables que no constituyan domicilio, y si fuera posible, identificar a los responsables de las instalaciones. Algunas de las recuperaciones del DPMT y servidumbres necesitarían del empleo de maquinaria pesada, por contener estructuras fijas de hormigón o similares”.
A esto se suman las quejas vecinales sobre el emplazamiento de estructuras temporales en zonas de costa, que quedarían afectadas por el dominio público y requieren permisos de Costas, sin que hoy en día se sepa si los mismos están otorgados y sin saber si la actividad cumple con las medidas establecidas a la hora de ocupar suelo público. Para la formación lagunera “estas acciones son de interés público y es fundamental avanzar en la dirección de recuperar y reparar en la medida posible los daños que se hayan podido generar en el ecosistema costero, garantizando el acceso público al medio marino”.
