La Diputada del Común, Lola Padrón, se reunió el pasado día 28 de agosto con representantes de la Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amistades de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras Demencias (ACUFADE) para abordar la situación de las personas mayores y/o dependientes y de quienes las cuidan. En la reunión, propuesta por la Diputación del Común, además de la directora general, Elena Felipe, estuvieron presentes también Carmen María Lucas Rodríguez, presidenta de la asociación, Ursina Martín Fernández, tesorera y Lourdes Regalado Díaz, como vocal.
El tema central de la reunión fue presentar a la Diputada del Común el proyecto de Decreto denominado ‘De 600 a 60’, diseñado por ACUFADE y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, que busca acortar drásticamente el tiempo de espera para acceder al derecho a la dependencia en Canarias. «El objetivo del nuevo modelo es desburocratizar, acercar el derecho y establecer fundamentos sólidos, ya que el sistema actual solo garantiza un derecho póstumo a la ciudadanía», insistió Elena Felipe.
Esta propuesta introduce un modelo innovador a nivel nacional, en el que todo el proceso se realizaría en los centros de atención primaria. El diagnóstico y el informe de salud necesarios para tramitar la dependencia ya se elaboran en los centros de salud, donde también hay profesionales de trabajo social. «No tiene sentido alejar un derecho que podría estar al alcance de la población». Desde ACUFADE reiteran que «no solo se trata de inyectar más dinero, sino de aplicar una gestión más eficiente y fundamentada. El modelo actual solo garantiza que las personas fallezcan sin recibir su derecho».
Felipe insiste en que la Dirección General de Dependencia no cuenta con el personal ni la capacidad necesarios para gestionar esta cuestión adecuadamente. Además, no tiene sentido que la ciudadanía deba centralizar su derecho en una administración distante y desconocida. Toda persona mayor sabe dónde se encuentra su centro de salud.
Desde ACUFADE se incidió en la importancia de mejorar la situación de la dependencia en Canarias frente al reto demográfico que está por afrontar. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la asociación, según explicaron a la Diputada del Común, es a la financiación, «esta es pésima. Para la administración tiene un coste, pero para las asociaciones que prestamos servicios es peor. Nosotras vaciamos nuestras cuentas para poder llegar hasta aquí y adelantar el dinero a la ciudadanía que la administración aún no le ha pagado.
El convenio colectivo de las profesionales que trabajan en atención a la dependencia que es el que nos regula a nosotras tiene unos salarios tan precarios que impide que hayan profesionales dispuestas a permanecer atendiendo a la población que lo necesita. A una le cuesta entender cómo la administración exige unas obligaciones mientras liquidan derechos laborales.», reflexionó Elena Felipe.
Sobre el nuevo Decreto y una vez analizado el planteamiento inicial realizado por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, desde la asociación consideran que «Canarias cuenta con una red maravillosa de centros de salud imbricada en todo el territorio. Y es ahí donde la trabajadora social debe hacer el PIA en función del grado y los servicios a los que tienes derecho. He escuchado a menudo que implicar a los centros de salud haría colapsar la sanidad y no sólo no es cierto sino que es precisamente este modelo el que medicaliza hasta su fallecimiento a la población, saturando así la sanidad».
Precisan que es muy necesario tener en cuenta los plazos de cumplimiento por parte de la Administración, y burocratización y a veces doble presentación de documentos.