El Ejecutivo de Fernando Clavijo ha tomado esta decisión en su primera reunión después de que el viernes pasado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendiera de forma cautelar a petición de la Fiscalía el protocolo de acogida de menores aprobado por la comunidad autónoma, al entender que puede perjudicar los derechos de niños “en situación de desamparo patente”.
Y lo hace además a 24 horas de que el Consejo de Ministros decida, finalmente, si impugna ese mismo protocolo ante el Tribunal Constitucional por las mismas cuestiones apreciadas por la Fiscalía y por atribuir al Estado competencias que entiende autonómicas.
El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello (CC), ha explicado en rueda de prensa que a partir de este requerimiento, el Ejecutivo central tiene 30 días de plazo para presentar alegaciones, y pasado ese plazo los servicios jurídicos de la comunidad autónoma ejercerán las acciones legales y judiciales que consideren oportunas.
Cabello también ha avanzado que el Gobierno de Canarias presentará sendos recursos ante las resoluciones dictadas por la Fiscalía bajo el argumento principal de que los centros de acogida tienen su capacidad “ampliamente sobrepasada”.
En su requerimiento al Consejo de Ministros, el Ejecutivo canario enumera “los incumplimientos” por parte del Estado a la hora de atender “la emergencia” migratoria que padece el archipiélago, pues entiende que “no se contemplan todos los aspectos legales que le corresponden al Estado”.
Alfonso Cabello ha recordado que en marzo de 2022 el ejecutivo presidido por el actual ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, presentaba, “en el contexto de una conferencia sectorial”, un informe jurídico que “ponía en tela de juicio” que los menores no acompañados fueran competencia exclusiva de la comunidad autónoma.
Ha abundado en que la postura del aquel ejecutivo canario, y del actual, es que hasta que esos menores no sean documentados debidamente “tienen que ser responsabilidad del Estado”.
Cabello ha asegurado que lo que se busca con este requerimiento es “clarificar la mejor manera” de atender a los menores migrantes no acompañados que llegan en pateras y cayucos, “en ningún caso poner palos en las ruedas a ninguna administración pública”.
Es más, ha juzgado que “el simple hecho de la discusión” sobre el protocolo suspendido de forma cautelar por el Tribunal Superior de Canarias a instancias de la Fiscalía ha provocado que, “de facto, las condiciones en que se reciben han ido mejorando”.
Ha recalcado que por parte del Gobierno de Canarias “todos los requerimientos de la Fiscalía están siendo atendidos en tiempo y forma”, aunque hay una parte sobre la que “seguimos sin tener una respuesta clara”: si se “obliga” a centros saturados a seguir acogiendo a menores.
En todo caso, ha remarcado que mientras “seguimos discutiendo sobre el fondo”, los menores “están siendo atendidos”, que es “lo más importante”.
El portavoz del Gobierno canario ha dicho desconocer la declaración, por parte del Estado, de la saturación del sistema de acogida de personas refugiadas, y se ha preguntado “qué consecuencias” tendría esa medida en Canarias, que acoge a alrededor de un millar de menores malienses “con situaciones complejas” y algunos casos “espeluznantes”.
Cabello opina que en estos momentos existe “una escenificación de una discrepancia” para intentar demostrar “quién tiene más o menos razón, sin entrar en el fondo: cómo tratar a los niños e ir de la mano con la UE en proyectos de cooperación internacional”.
“Seguimos discutiendo entre nosotros, el Gobierno con nosotros, sobre los protocolos ideales”, sobre “la forma, la anécdota”, cuando solo en lo que va de septiembre han llegado por mar a Canarias 4.075 migrantes, de los cuales 586 menores no acompañados, ha clamado.
NOTA: la imagen pertenece a la Agencia Efe (Ramón de la Rocha).
