La diputada de Coalición Canaria, Cristina Calero, ha preguntado en la comisión de Bienestar Social por las acciones previstas por la consejería en materia de conciliación familiar.
Según Calero, “las vacaciones escolares no pueden suponen un infierno para las familias por no poder contar con los apoyos necesarios para atender a sus hijos”. En este sentido, la diputada nacionalista se refirió a la importancia de los cuidados “cuyo valor es incalculable, pero el precio lo estamos pagando las mujeres”.
La parlamentaria lamentó que la falta de corresponsabilidad y de políticas de conciliación le salga gratis a las administraciones, “pero suponga un coste económico, emocional, personal, laboral y social para las mujeres”. Una situación que se agrava cuando los menores a su cargo tienen una discapacidad, agregó Calero.
En este sentido, la diputada del Grupo Nacionalista hizo hincapié en que la falta de políticas de conciliación, “no es un problema ni de las mujeres ni de las familias, es un problema social y se está mirando para otro lado”. En esta línea argumentó que el 92% de las excedencias por cuidados y el 84% de las reducciones de las jornadas “siguen siendo solicitadas por mujeres”.
Asimismo, Calero subrayó que la falta de conciliación afecta a la carrera laboral de las mujeres, la aleja de sus puestos de trabajo porque les impide poder compaginar sus empleos con las labores de los cuidados, las aleja de continuar sus carreras y esto se dificulta además en ámbitos como la ciencia o el deporte, “a pesar de estar más formadas”. “Hay un mayor porcentaje de mujeres con carrera universitaria y con máster universitario pero la brecha de género se acentúa a medida que se avanza en la carrera universitaria”, agregó.
La diputada de Coalición Canaria lamentó las consecuencias que tiene para la mujer asumir la responsabilidad de los cuidados, tanto a nivel profesional como emocional. “La desigualdad y la invisibilidad de este trabajo tiene rostro de mujer”, sentenció.
Por esta razón, la diputada nacionalista aprovechó su intervención para demandar la creación de una red de cuidados reales para las familias, conocer en qué situación está el Plan Corresponsables y aunar fuerzas para que salga adelante el proyecto de Ley de Familias en el Congreso de los Diputados. “Las políticas públicas de conciliación son un deber moral de todas las fuerzas políticas”, concluyó Cristina Calero.
