Jéssica de León defiende en el Parlamento que la nueva normativa tenga en cuenta una realidad que se ha mantenido durante décadas en los complejos turísticos
La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias trabaja para dar respuesta a los propietarios que han consolidado el uso residencial en apartamentos de zonas turísticas, una cuestión que, según defendió la consejera Jéssica de León en el Parlamento autonómico, «requiere diálogo y colaboración entre las distintas administraciones».
De León insistió en la necesidad de encontrar soluciones que permitan atender la realidad de estos propietarios y recordó la importancia de contar con los ayuntamientos, competentes en la ordenación urbanística y conocen las circunstancias de cada municipio.
La consejera defendió que la actualización de la normativa debe contemplar una realidad que se ha mantenido durante décadas en los complejos de apartamentos turísticos del archipiélago. La nueva regulación recogerá medidas dirigidas a dar respuesta a los propietarios que hayan consolidado el uso residencial de sus propiedades, de manera que puedan quedar fuera de la explotación turística. Además, abordará otras situaciones, como las viviendas vacacionales ubicadas en suelo turístico.
De León rcordó que el reconocimiento del uso residencial consolidado requiere tener en cuenta las competencias municipales y comprobar la adecuación de cada situación al planeamiento urbanístico. Durante su intervención, Jéssica de León, hizo referencia a una sentencia del 5 de octubre de 2026 que, según explicó en la Cámara regional, vuelve a poner de relieve el papel de los ayuntamientos en la acreditación de estos usos.
«No nos gusta la ley, cambiémosla, es nuestro compromiso», afirmó la consejera, quien defendió la necesidad de adaptar la regulación para respetar la situación de los propietarios que actualmente residen en estos complejos.
La propuesta se enmarca en la elaboración de una nueva ley que vertebrará al sector turístico de las islas, que unificará la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, y abordará cuestiones como la renovación de los establecimientos alojativos, la sostenibilidad, la calidad de la oferta y la ordenación de los usos del suelo turístico, con el fin de compatibilizar la actividad turística con la calidad de vida de la población residente y preservar la competitividad de Canarias como destino.
La redacción de la futura normativa ha contado con una consulta pública, abierta en julio de 2025, y cinco mesas de trabajo con las dos universidades públicas canarias, en las que se recabaron un total de 705 aportaciones.
