El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que dirige el caso Plus Ultra, ha decidido citar como investigadas a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, un día después de que él declarara en el procedimiento acusado de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. El magistrado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido este jueves (18 de junio) que Alba y Laura Rodríguez Espinosa también sean investigadas en la causa, así como la secretaria del político, Gertrudis Alcázar, que era la que gestionaba su correo electrónico. Además, ha rechazado pedir de momento más información a Estados Unidos sobre cómo se obtuvo el contenido del móvil del exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes.
El juez José Luis Calama apunta a que la sociedad Whathefav, que las hijas de Zapatero administraban de forma solidaria, tenía, según la investigación, un “papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operativas relevantes para los hechos”. El que fuera líder del PSOE defendió en la Audiencia Nacional que esta sociedad se dedicaba a maquetar informes de consultoría o elaborar planes de comunicación de algunas de las empresas con las que él trabajaba, pero la Fiscalía Anticorrupción y el instructor ponen en duda esta versión y consideran que, en realidad, era un instrumento para que el dinero llegara a Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, de hecho, realizó una entrada y registro el pasado 19 de mayo en las dependencias de Whathefav por estas sospechas.
Para los investigadores es sospechoso que las facturas que la consultora Análisis Relevante (sociedad controlada por el empresario y amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez) emitía a Whathefav tuvieran un concepto genérico como “servicios agencia” sin detalle sobre la prestación real, lo que, según ellos, es “compatible con una función de cobertura formal”. Es decir, presumen que los trabajos no eran reales y que, simplemente, se simulaba un servicio para proceder al pago.
El juez cree que solo cabe citar a Alba y a Laura Rodríguez como investigadas porque es la única vía compatible con los derechos constitucionales. “Llamarlas en calidad de testigos resultaría incompatible con su posición procesal potencialmente afectada, pues les impondría el deber de decir verdad y la prohibición de reservarse información, comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables”, reza el auto.
Subraya Calama que, para preservar sus derechos fundamentales y garantizar la validez de las diligencias, es necesario que no estén obligadas a decir la verdad. La declaración como investigadas cumple, dice, “una función dual” porque de un lado “actúa como instrumento de investigación”, lo que permite al órgano judicial conocer la versión de los hechos; pero, del otro, “opera como garantía estructural del derecho de defensa”, asegurando que el imputado pueda “ejercer sus derechos desde una fase temprana del procedimiento”.
En el caso de Gertrudis Alcázar, Calama sigue la línea que ya venía manteniendo en sus escritos anteriores y expone que ella, desde la oficina de Zapatero ubicada en la madrileña calle de Ferraz, era una pieza más de la supuesta red de influencias. Estaba en un segundo escalón junto a Cristóbal Cano, el trabajador del empresario Julio Martínez Martínez. El juez se apoya en unos correos intervenidos en los que una persona identificada como “Gertru” consulta a Cristóbal sobre la emisión de una factura por importe de 20.000 euros, “planteando expresamente si debe emitirse una única factura o varias, y solicitando indicaciones sobre los conceptos que deben consignarse”, indica Calama. Para él, esto evidencia una “concertación previa”, que revela “la ausencia de una prestación real” de servicios.
NOTA: el contenido del texto pertenece a Irene Dorta, del diario El País. En la imagen de la Agencia Efe (Fernando Villar), las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro efectuado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
