El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jacob Qadri, mostró este martes (25 de febrero) su preocupación por el incremento de la “okupación” en las islas y pidió al responsable de Vivienda del Gobierno de Canarias que tome las medidas que estén a su alcance para combatir la injusticia y la inseguridad que supone de este fenómeno.
Qadri, que preguntó al consejero de Obras Públicas, Vivienda, y Movilidad sobre la cifra actual de viviendas ocupadas en Canarias y la evolución de este fenómeno en los últimos años, denunció que “cada 12 horas se ocupa en Canarias una vivienda de forma ilegal” y añadió que “en el tiempo que dura este pleno 3 nuevas viviendas serán arrebatan a sus legítimos propietarios”.
“Imagínese -manifestó el diputado popular- que nos roban el coche, vamos a denunciar, sabemos dónde está y quién lo tiene, y nos dicen que no se puede hacer nada y que hasta no se sabe cuándo lo va a usar la persona que te lo quitó, y encima, para colmo, tienes que pagarles el seguro y la gasolina… Pues ese despropósito es lo que está ocurriendo con la vivienda ocupada, eso es lo que están padeciendo cientos y cientos de canarios y canarias solos y abandonados por parte del Gobierno de España, desde que Sánchez está en La Moncloa ya no sólo ven como les arrebatan su propiedad, sino que para más humillación tienen que pagar el agua, la luz e incluso ver cómo pueden empadronan allí”.
A su juicio, con la falta de vivienda de alquiler que hay en Canarias “es fundamental dar seguridad jurídica a los propietarios y eso se consigue siendo mucho más contundentes con los okupas, la inseguridad a la hora de poner en alquiler una vivienda es total; si la alquilas y no te pagan, no les puedes echar, y si la tienes vacía, te la ocupan”.
Por eso exigió al PSOE que deje de bloquear en el Congreso la Ley Antiokupas. “A pesar de que cuenta con el respaldo de 184 diputados del PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC, la tramitación de esta norma lleva ya un año paralizada por el PSOE”.
Una ley -prosiguió- que permitirá desalojar a los okupas 24 horas, cortarles la luz y el agua de forma inmediata, prohibir que se puedan empadronar en esa vivienda y endurecer las penas. “La propiedad privada se respeta y punto, no hay discusión; es de lo poco que nos queda en este país como recompensa al que se esfuerza, trabaja y se arriesga a invertir o emprender”, finalizó.
