La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Jana González Alonso, intervino este miércoles (25 de junio) en el Pleno del Parlamento de Canarias para volver a reivindicar que se garantice la protección internacional de estos niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestra tierra, de forma que se cumpla con las resoluciones dictaminadas por el Tribunal Supremo, tras la modificación de la Ley de Extranjería.
En este sentido, la diputada exigió conocer cuáles serán las medidas concretas que se pondrán en marcha. Subrayó que para hacer efectivos los derechos de las personas extranjeras se requieren recursos económicos y humanos suficientes, que permitan articular mecanismos sólidos y serios para garantizar derechos fundamentales, como el derecho de asilo.
Sin embargo, “sigue sin existir un sistema automático de redistribución de menores migrantes a pesar de que la ley ya ha sido aprobada”, lamentó la diputada. De este modo, valoró la celebración de una reunión destinada a mantener vivo el Pacto sobre Migraciones, “como una forma de preservar la unidad política en Canarias”.
Jana González subrayó la importancia de respaldar a las personas migrantes, “no solo a quienes cuentan con una protección internacional reconocida”, sino también a aquellas que llegan a Canarias y se enfrentan a numerosas dificultades en la tramitación de sus derechos.
En este sentido, se centró en los obstáculos existentes en la tramitación de los derechos de los menores migrantes. Muchas de las personas menores que arriban al archipiélago reciben un NIE, pero no se les gestiona la residencia, debido a que, en muchos casos, la Fiscalía alega dudas sobre la autenticidad de los documentos identificativos.
“Entendemos que se declare su falsedad o su validez, pero mantenerlos en un limbo genera una incertidumbre que las personas menores terminan pagando muy caro”, concluyó la diputada. Jana González explicó que cuando estos niños y niñas cumplen la mayoría de edad se quedan sin protección “en la calle”, siendo los ayuntamientos los que tienen que asumir la responsabilidad.
Según explicó la diputada, se trata de una cuestión que ya ha reportado el propio informe ‘Cruzando Fronteras’ de Save the Children, donde se denuncian fallos sistemáticos en la identificación, la acogida y la tutela de las personas menores migrantes que llegan por vía marítima.
La escasez de profesionales en los puntos de llegada, la escasa fiabilidad de algunas pruebas radiológicas o el rechazo sistemático de los documentos de identidad emitidos en el país de origen son algunas de las deficiencias más frecuentes. Estas carencias dan lugar a situaciones tan graves como la derivación de menores a centros de adultos o su expulsión del sistema de protección. “Se quedan en la calle”, denunció la diputada.
No obstante, según la diputada, el Informe Cruzando Fronteras expresa su confianza en la entrada en vigor del Pacto sobre Migraciones y Asilo, prevista para 2026. Jana González recalcó que “España tiene ante sí la oportunidad de revisar sus protocolos, con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan, entre otros territorios, a Canarias”.
El reparto no llega, y los derechos siguen sin cumplirse
La diputada abrió su intervención recordando que Canarias acoge actualmente a 5.600 personas menores migrantes no acompañadas que han llegado por vía marítima las costas del archipiélago.
A pesar de ello, la diputada insistió en que se ha evolucionado con respecto al año anterior. “Disponemos de una reforma legislativa que, tras una brega importante”, a la unidad política mostrada en Canarias y al esfuerzo del Gobierno autonómico, que permitieron impulsar la modificación de la Ley Orgánica de derechos de las personas extranjeras”, desarrolló Jana González.
Esta modificación prevé un sistema de acogida ante situaciones de emergencia vinculadas a crisis migratorias, evitar el efecto de retención prolongada, y poder garantizar los derechos de los menores migrantes que llegan a Canarias.
Asimismo, la diputada ofreció una retrospectiva de los hechos acaecidos tras la reforma de la Ley de Extranjería. En este contexto, el Tribunal Supremo emitió dos resoluciones relevantes. La primera, publicada el mes de abril, atribuía al Gobierno del Estado español la competencia sobre las personas menores solicitantes de protección internacional. Además, esta sentencia establecía un plazo improrrogable “para garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes que llegan a nuestra tierra”, añadió la diputada.
Sin embargo, dicho plazo expiró “sin respuesta por el Gobierno estatal”. Como consecuencia, el Tribunal Supremo dictó un segundo auto en el que se otorgó al Estado un nuevo plazo de 15 días para articular una colaboración efectiva entre administraciones, que garantizara la provisión de los recursos materiales, humanos y económicos necesarios de forma que se asegurara el acceso de estos menores a un sistema de acogida conforme a la protección internacional. En el caso de incumplimiento, el Tribunal Supremo advirtió que se adoptarían medidas coercitivas.
Para la diputada, este hecho representa un motivo de esperanza “no por la voluntad política, sino por los equilibrios y garantías que ofrece el sistema democrático y el Estado de derecho”. En esta línea, mostró su interés por conocer el estado de desarrollo del protocolo de redistribución anunciado por el ministro Ángel Víctor Torres, quien aseguró que estaría disponible este verano con el objetivo de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
