Hay documentos que cuentan mucho más de lo que dicen. Papeles administrativos, fríos, impersonales, redactados conforme a la ley, que de repente te obligan a detenerte delante de una palabra, de una fecha o de un nombre y preguntarte hasta dónde puede llegar la crudeza de la vida.
Este es uno de ellos.
En el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arona se encuentra publicado un anuncio notarial relativo a la declaración de herederos abintestato del hombre que protagonizó uno de los episodios más terribles que hemos vivido recientemente en el sur de Tenerife: el hombre que mató a su propio hijo, dejó gravemente herida a la madre del pequeño y terminó abatido por la Guardia Civil.
No voy a recrearme en los detalles. No hace falta. Son suficientemente atroces.
Ahora, meses después, aparece la siguiente página de esta historia. Sus padres han iniciado ante notario el procedimiento para ser declarados herederos de su hijo.
Y sí: puede ser perfectamente legal.
Conviene dejar esto muy claro. Una cosa es lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y otra muy diferente lo que uno siente cuando conoce una historia como esta. Fallecido sin testamento, sin descendientes vivos y constando como soltero, la legislación sucesoria contempla el llamamiento de sus ascendientes. Por tanto, aquí no estamos diciendo que los padres estén haciendo algo ilegal ni denunciando una supuesta irregularidad. Estamos hablando de algo mucho más difícil de explicar: de esas situaciones en las que la ley sigue su camino mientras la realidad humana que queda detrás resulta tremendamente difícil de asumir.
Hay además una palabra en el documento que me hizo detenerme especialmente.
“Soltero”.
Y seguramente lo estaba. Jurídicamente, administrativamente, ese sería su estado civil. No hay nada que discutir ahí.
Pero después de todo lo ocurrido resulta imposible leer esa palabra sin pensar inmediatamente en ella. En la madre de su hijo. En la mujer a la que dejó gravemente herida. En una persona que sobrevivió a aquel horror y que ahora tiene que afrontar una vida completamente diferente, con unas consecuencias físicas devastadoras y, sobre todo, con una ausencia que ninguna administración, ninguna sentencia y ninguna indemnización podrá reparar jamás: la de su hijo.
Ella sobrevivió.
Su hijo, no.
Y mientras tanto, como corresponde en un Estado de Derecho, la maquinaria administrativa continúa. Hay un fallecimiento, existe una herencia, hay bienes, derechos y también posibles obligaciones. Se abre un procedimiento, interviene un notario, se determina quiénes son las personas llamadas a heredar, se publica el correspondiente anuncio y transcurren los plazos establecidos legalmente.
Hasta ahí, el Derecho.
Pero después está todo lo demás. La parte que no resuelven los códigos ni cabe en un procedimiento notarial.
Está lo que uno siente al encontrarse con este documento después de conocer lo que ocurrió en aquella vivienda. Está la incomodidad de comprobar cómo la vida continúa burocráticamente incluso después de una tragedia de estas dimensiones. Y está, sobre todo, una pregunta que considero mucho más importante que saber quién terminará heredando: ¿quién está ocupándose de la víctima que sigue viva?
Esa debería ser ahora nuestra principal preocupación.
Una mujer ha perdido a su hijo en unas circunstancias insoportables. Ha sufrido unas lesiones que han cambiado su vida para siempre y tendrá que afrontar las consecuencias físicas, psicológicas, familiares, sociales y económicas de lo ocurrido.
Me consta que esta situación ya ha sido puesta en conocimiento de la concejala responsable de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona con el objetivo de que esta mujer pueda recibir protección, información y asesoramiento.
Y eso sí me parece fundamental.
Hay algo más que me preocupa de toda esta historia y que no quiero dejar fuera de esta reflexión. Podemos hablar de la herencia, podemos quedarnos sorprendidos ante ese documento, podemos preguntarnos cómo es posible llegar a una situación así y podemos indignarnos nuevamente recordando lo sucedido. Pero después de todo eso deberíamos hacernos una pregunta bastante más incómoda: ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que otra historia termine de la misma manera?
Este caso fue señalado por especialistas en violencia machista y vicaria como un ejemplo extremo de hasta dónde puede llegar la violencia ejercida contra una mujer utilizando incluso aquello que más quiere. Y recuerdo especialmente una reflexión realizada después del crimen: reaccionamos cuando sucede algo terrible, cuando ya hay un asesinato, cuando aparecen las concentraciones, los minutos de silencio y los titulares. Sin embargo, el verdadero desafío está mucho antes.
Está en aprender a detectar el control. En no normalizar los celos. En entender que decidir con quién puede relacionarse una persona, controlar su teléfono, humillarla, aislarla de su familia, vigilarla, amenazarla o convertir a los hijos en instrumentos de presión no son simples “problemas de pareja”. Hay conductas que pueden estar avisándonos de algo mucho más grave.
Y esto no puede convertirse en una guerra ideológica ni en una discusión de trincheras políticas. Estamos hablando de vidas humanas.
Los últimos datos oficiales disponibles son suficientemente contundentes. A 6 de agosto, 35 mujeres habían sido asesinadas en España durante 2026 por sus parejas o exparejas y 26 menores habían quedado huérfanos como consecuencia de la violencia de género. Detrás de cada número hay una familia destrozada, hijos, padres, hermanos, amigos y compañeros que un día se preguntarán si hubo alguna señal que no supimos interpretar.
Y hay miles de situaciones que afortunadamente no terminan en un asesinato pero que también existen. Solo durante los tres primeros meses de 2026 se registraron más de 50.000 denuncias por violencia de género en España. Hasta junio, el 016 había recibido más de 62.000 llamadas pertinentes.
Por eso creo que tenemos que dejar de preguntarnos únicamente qué hacen las administraciones.
¿Qué hacemos nosotros?
¿Qué hacemos cuando una amiga empieza a desaparecer de su entorno? ¿Qué hacemos cuando vemos comportamientos de control que nos parecen extraños? ¿Qué hacemos cuando escuchamos amenazas, cuando sabemos que existe miedo dentro de una casa o cuando alguien nos cuenta algo y preferimos pensar que son asuntos privados de una pareja?
Naturalmente, no somos policías ni jueces. Tampoco podemos convertir cualquier discusión sentimental en una acusación. Hay que actuar con responsabilidad y con prudencia. Pero entre invadir la vida de los demás y mirar hacia otro lado existe un espacio enorme que se llama implicarse.
Escuchar.
Acompañar.
Preguntar.
Buscar ayuda profesional.
Poner una situación preocupante en conocimiento de quienes pueden intervenir.
Y, sobre todo, conseguir que una persona que está viviendo bajo el miedo sepa que no está sola.
Tal vez nunca sepamos cuántas tragedias se evitan de esta manera. Esas no aparecen en las estadísticas ni abren los informativos. Pero probablemente sean las cifras más importantes de todas.
Hoy tenemos delante un documento que habla de una herencia. Dentro de unos días desaparecerá del tablón de anuncios y la administración continuará con su procedimiento. Nosotros publicaremos esta noticia, llegará otra actualidad y también seguiremos adelante.
Ella no.
Ella continuará despertándose cada mañana con las consecuencias físicas de aquella noche y con la ausencia de su hijo.
Y precisamente por eso me niego a que esta historia termine hablando solamente de una herencia.
Quiero que sirva también para preguntarnos qué clase de sociedad queremos ser. Una sociedad que aparece cuando ya se ha producido el horror para condenarlo, guardar un minuto de silencio y decir que nunca más, o una sociedad capaz de estar presente mucho antes, cuando todavía estamos a tiempo.
Las administraciones tienen responsabilidades. Las fuerzas de seguridad tienen las suyas. Los juzgados, los servicios sociales, los profesionales sanitarios y quienes trabajamos en los medios de comunicación también tenemos las nuestras.
Pero combatir la violencia también exige una sociedad que no permanezca indiferente.
No siempre podremos evitarla.
No siempre veremos las señales.
No siempre tendremos la respuesta correcta.
Pero sí podemos conseguir que quien necesita ayuda encuentre una mano antes de encontrarse completamente sola.
Y si algo debería dejarnos una historia tan terrible como la ocurrida en Arona es precisamente eso: no esperemos a que exista otra víctima para preguntarnos qué podríamos haber hecho antes.
Mientras un notario tiene que determinar ahora quién tiene derecho a una herencia, las instituciones deben asegurarse de que nadie deje atrás a quien tuvo que sobrevivir a semejante barbaridad.
Una declaración de herederos puede resolverse aplicando el Código Civil. El resto es bastante más complicado.
¿Cómo se reconstruye una vida así? ¿Cómo se acompaña a una madre después de perder a su hijo de esta manera? ¿Cómo afronta una persona su futuro cuando además tiene que convivir con unas secuelas físicas de semejante magnitud?
Eso no aparece en ningún acta notarial.
Los padres tienen derecho a iniciar los procedimientos que legalmente les correspondan. La víctima tiene derecho a ejercer todas las acciones y reclamaciones que puedan asistirle. Y las administraciones deben procurar que una mujer que ya ha pasado por algo inimaginable no tenga ahora que enfrentarse sola a todo lo que viene después.
Desde este medio no vamos a convertir un procedimiento sucesorio en un juicio paralelo contra los padres. Sería injusto hacerlo y jurídicamente no tendría sentido. Pero tampoco vamos a mirar este documento como si fuera un papel más colocado en un tablón de anuncios.
Detrás de ese papel existe una historia terrible.
Donde hoy leemos la palabra «herencia», antes hubo un niño.
Y cuando el documento señala fríamente que aquel hombre estaba «soltero», inevitablemente pensamos en la mujer que estaba a su lado, en la madre de aquel pequeño, en la víctima que sobrevivió y que tendrá que continuar viviendo con las consecuencias de lo sucedido.
La ley seguirá su camino. Así tiene que ser.
Pero quizá nosotros deberíamos hacernos una última pregunta.
¿Nos preguntamos alguna vez qué ocurre después del minuto de silencio?
Qué sucede cuando termina la concentración, se guardan las pancartas, desaparecen las cámaras, dejamos de compartir la noticia y cada uno regresa a su casa para continuar con su vida.
La sociedad vuelve a la normalidad.
La víctima no.
Ella continúa ahí. Con sus heridas, con sus secuelas, con sus miedos, con sus necesidades y, en este caso, con la ausencia insoportable de un hijo.
Quizá combatir de verdad esta violencia también consista en eso. En no estar solamente cuando ocurre la tragedia. En preocuparnos por lo que sucede después. En acompañar cuando ya no hay cámaras, en proteger cuando el caso deja de ocupar titulares y en conseguir que las víctimas no desaparezcan de nuestra preocupación colectiva al mismo tiempo que desaparecen de la actualidad.
Hacemos minutos de silencio para recordar a quienes ya no están.
Quizá deberíamos preguntarnos mucho más a menudo qué estamos haciendo, después de ese minuto de silencio, por quienes siguen aquí.
