La apertura de juicio oral contra Begoña Gómez supone un punto de inflexión político y judicial que desmonta meses de intentos por desacreditar la actuación de los tribunales.
Durante meses se nos dijo que no había nada.
Que todo era una persecución política. Que determinados jueces actuaban movidos por intereses ideológicos. Que la Guardia Civil investigaba donde no debía. Que la Policía buscaba donde no existía nada. Que determinados medios de comunicación exageraban o incluso inventaban. Que todo formaba parte de una gran conspiración contra un Gobierno progresista.
Durante meses se intentó construir un relato.
Sin embargo, la realidad tiene la mala costumbre de acabar imponiéndose a los relatos.
Hace apenas dos días conocíamos el auto por el que el juez Juan Carlos Peinado acordaba la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. No hablamos de una condena. Tampoco de una sentencia. Pero ya no estamos ante una simple denuncia ni ante una investigación preliminar. Estamos ante una causa que ha superado todos los filtros procesales necesarios para llegar a juicio.
Y hoy, como si la actualidad hubiera querido concentrar en una sola jornada todas las contradicciones del sanchismo, hemos conocido la condena del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por distintos delitos relacionados con una de las mayores tramas de corrupción que han salpicado al entorno político de los últimos años.
Son procedimientos distintos.
Son tribunales distintos.
Son hechos distintos.
Pero existe un denominador común que resulta imposible ignorar: los hechos han terminado imponiéndose al relato.
Porque la cuestión nunca fue si Pedro Sánchez conocía o desconocía determinadas actuaciones. Tampoco si Begoña Gómez será finalmente condenada o absuelta, algo que únicamente corresponde decidir a los tribunales.
La cuestión siempre fue otra.
Si quienes ocupan las más altas responsabilidades institucionales del país deben extremar los controles éticos para evitar que su posición pueda utilizarse, o percibirse como utilizada, para obtener ventajas, apoyos o beneficios que no estarían al alcance de cualquier ciudadano.
Y es precisamente ahí donde cobra sentido una frase que ha atravesado los siglos sin perder vigencia:
La mujer del César no solo debe ser honrada, sino también parecerlo.
Porque en democracia la ejemplaridad importa.
Importa tanto la legalidad como la apariencia de imparcialidad.
Importa tanto lo que se hace como la confianza que se genera en los ciudadanos.
Y cuando una investigación judicial alcanza la dimensión que ha alcanzado este procedimiento, resulta evidente que esa confianza se ha visto seriamente dañada.
Lo más preocupante, sin embargo, no es eso.
Lo más preocupante ha sido observar cómo desde determinadas instancias del poder se ha intentado desacreditar sistemáticamente a quienes investigaban.
Hemos escuchado hablar de lawfare.
Hemos escuchado denunciar supuestas conspiraciones judiciales.
Hemos visto cómo se cuestionaba el trabajo de jueces, magistrados, policías y guardias civiles por el simple hecho de cumplir con sus obligaciones.
Incluso hemos asistido al espectáculo de contemplar a un Fiscal General del Estado sentado en el centro de una polémica nacional por actuaciones que jamás deberían haberse producido y que han contribuido a erosionar la confianza ciudadana en instituciones que deberían estar por encima de cualquier sospecha.
Todo ello mientras se intentaba convencer a la opinión pública de que el problema no eran los hechos investigados, sino quienes se atrevían a investigarlos.
Y en ese contexto resulta especialmente preocupante el papel desempeñado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Durante los últimos meses ha cuestionado públicamente decisiones judiciales relacionadas con esta causa, ha calificado determinadas resoluciones como incomprensibles y alejadas del Derecho y ha contribuido a alimentar la idea de que parte de la Judicatura actúa movida por motivaciones distintas a la estricta aplicación de la ley.
Una democracia madura no puede permitirse que el Poder Ejecutivo se convierta en juez de los jueces cada vez que una resolución resulta incómoda.
La crítica es legítima.
La presión permanente sobre quienes administran justicia es otra cosa muy distinta.
Porque los gobiernos pasan.
Los partidos cambian.
Los presidentes llegan y se marchan.
Pero la separación de poderes permanece.
Y cuando desde el propio poder político se erosiona la confianza en jueces y tribunales porque sus decisiones no gustan, quien pierde no es la oposición, ni el Gobierno, ni siquiera los protagonistas de una determinada causa judicial.
Quien pierde es el Estado de Derecho.
Y eso debería preocuparnos a todos.
Quizá por eso, mientras algunos siguen hablando de lawfare, conspiraciones y persecuciones políticas, otros miran con preocupación cómo avanzan los procedimientos judiciales.
Porque los relatos sirven para ganar titulares.
Los autos, en cambio, tienen la incómoda costumbre de producir consecuencias.
Y cuando un pasaporte deja de estar disponible, cuando las medidas cautelares se endurecen y cuando el juicio oral ya aparece en el horizonte, es posible que algunos descubran que el cerco no solo se estrecha.
También empieza a apretar.
NOTA (*): artículo de opinión de Dailos Cañizares, Director del grupo multimedia de CANAL 4 TENERIFE.
