Si alguien me pregunta cuál es el mayor deber de un Gobierno de Canarias, tengo claro mi respuesta: “hablar menos que todos los demás y hacer más que todos los demás”. Es una voluntad que trajo el actual Gobierno al que hay que reconocerle un compromiso con la acción y la determinación por hacer las cosas. Es una filosofía que se aprende en los ayuntamientos y en los cabildos, cuando se está muy cerca de la gente y se asimila muy rápido que los problemas no vale con hablarlos: hay que solucionarlos. La planificación y la reflexión son necesarias, pero solo como pasos previos a la acción.
En los escasos meses de esta nueva legislatura se han tomado medidas para mejorar la regulación del alquiler vacacional, para la puesta a disposición de la sociedad de las nuevas viviendas, para la generación urgente de más de 150 MW que intenten impedir el colapso del deteriorado mercado eléctrico, para atender situaciones puntuales de emergencia hídrica en algunas islas, para reclamar de la administración central el respeto al Estatuto de Autonomía en materia de gestión de costas o para afrontar la situación de los migrantes menores no acompañados a los que Canarias está atendiendo.
Pero hay temas, como este último, cuya solución no está solo en los recursos de Canarias. Las previsiones de nuevas arribadas de migrantes, de aquí hasta finales de año, nos sitúan en un escenario donde nuestra capacidad de respuesta puede verse desbordada. El número de menores no acompañados acogidos en las islas no hace más que crecer y ha desbordado ya la capacidad de una acogida digna. Estamos tensionando nuestros recursos, superados por las necesidades de los niños y niñas a nuestro cargo. Un problema donde lo de menos es nuestra administración desbordada, porque lo realmente importante es que los menores tengan los cuidados y la tutela que necesitan.
Las negociaciones para la reforma de la Ley de Extranjería son un asunto prioritario que no debe demorarse más. Repartir el peso y la responsabilidad de la atención de los menores se ha convertido en una tarea compleja en la que parece que nadie quiere dar un paso al frente. Y lo que es peor, temo que la tramitación última de esta medida pueda convertirse en material combustible para la peor manera de hacer política.
Creo que es un error de bulto hacer cálculo político con asuntos que afectan el bienestar de los más vulnerables. No hace falta dar más pruebas a los canarios para saber que hay voces que a veces me hacen pensar que no nos sienten parte de España ni de Europa.
La capacidad de acogida de Canarias está al límite. Y no pueden seguir tensando la cuerda para esperar a que se rompa, porque es irresponsable. Nadie es del todo consciente del gigantesco esfuerzo que se ha hecho por la administración autonómica, la insular y la municipal y las organizaciones del tercer sector en procurar una atención digna a las personas desesperadas que han llegado a nuestras costas.
La ruta canaria se ha convertido en el mayor cementerio marino del mundo y ya no se puede aguantar ni un día más, ni un minuto más. Es ahora de la unidad y la solidaridad de todos.
