Idaira Afonso, concejala y coportavoz de Unidas se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, elevó a Pleno una moción sobre la situación de las viviendas de Visocan en el municipio y las adversidades a las que se enfrentan las vecinas y vecinos residentes, así como la complejidad para trabajar administrativamente.
“Son numerosas las mociones abordadas en el Pleno de San Cristóbal de La Laguna sobre las viviendas pertenecientes a la empresa pública del Gobierno de Canarias, VISOCAN desde 2015 hasta la actualidad; sin embargo, continúan sucediéndose situaciones incluso contrarias a doctrina administrativa y legal por parte de la misma y que repercuten directamente en las vecinas y vecinos”, comienza indicando la concejala.
La confluencia lagunera es conocedora de primera mano de lo difícil que es la interlocución entre el Ayuntamiento y Visocan, las dificultades que ponen para compartir proyectos, mesa de trabajo o simplemente rendir cuentas de sus actuaciones a la administración local, lo que implica, por ejemplo, que los mantenimientos de los edificios sean inadecuados, que no existan comunidades consolidadas, que proyectos como el de las ayudas para las familias con menos recursos de las 119 viviendas estén en entredicho o en riesgo de continuidad, además de no responder a situaciones como la conflictividad vecinal o la cesión de espacios. Desde Unidas se puede afirman que ante la grave situación de falta de vivienda en el municipio, se solicitó a Visocan en 2022 la cesión de al menos 10 de las casi 60 viviendas que se estaban edificando en Los Andenes por parte de la entidad pertenecientes al Gobierno de Canarias y que estaba inacabada. Dicha cesión nunca llegó y ahora, se alquilan de forma privada, impidiendo ampliar los recursos alojativos municipales.
“Tanto el Ayuntamiento de La Laguna como Visocan, deben sentarse para abordar, de manera conjunta la situación por la que atraviesan varias promociones de viviendas, como es el caso de 132 viviendas de Las Vistillas, que lleva semanas denunciando que los ascensores del edificio no funcionan, a pesar de que ambas administraciones son conocedoras de que residen personas con movilidad reducida y pocos recursos económicos para hacer frente a esta nueva complicación. Otro caso destacado es que Visocan desoye continuamente las peticiones de mediación ante casos de conflictividad vecinal, siendo también un compromiso adquirido.” añade Afonso.
Una de las cuestiones más relevantes y graves, según Afonso, es que a pesar de que el Tribunal Supremo, considera que la naturaleza jurídica del Impuesto de bienes Inmuebles es la de un tributo municipal que grava la capacidad económica del propietario, y que por tanto, es la parte propietaria quien debe hacer frente al mismo y no ser cobrado nunca a la parte arrendataria, Visocan continúa introduciendo el cobro del IBI a las y los inquilinos mediante una cláusula en los contratos de arrendamiento, contraviniendo a lo dictado por el Tribunal Supremo.
“El Ayuntamiento de La Laguna no puede continuar diciendo que Visocan es una empresa del Gobierno de Canarias y que no hay competencia para actuar. Son vecinas y vecinos de La Laguna, y por tanto, el Gobierno local debe ponerse al frente de esta situación, defendiendo a sus ciudadanos y ciudadanas, solicitando espacios de seguimiento y diálogo, como ya se hizo en 2015, lo que permitió evitar más de veinte desahucios en San Matías. De esa mesa y ese trabajo conjunto, nació también la Oficina Municipal de Orientación en materia de vivienda, gestionada por Muvisa y que surge en el pasado mandato a raíz de una propuesta de vecinos y vecinas residentes en estas promociones.” indica Idaira Afonso, quien continúa citando otros avances fruto de la acción local, como “el desarrollo de una línea de ayudas extraordinarias para el pago de deuda de residentes en las 119 viviendas de San Matías y que permitió evitar el desahucio de familias vulnerables, a través de un convenio con la citada empresa pública canaria, titular de esta promoción, y al que el Ayuntamiento destina 110.000 euros anuales. En enero de 2023 supimos que un total de 27 personas en riesgo de desahucio, se habían podido atender gracias a esta convocatoria extraordinaria y percibirán ayudas de entre 732,95 euros y 10.566,53 euros, cuyo objetivo es evitar futuras repercusiones y el posible desahucio de estas familias.”
La moción salió adelante, con algunas matizaciones por parte del Gobierno local, y desde Unidas se puede, creen que es positivo, pero piden un paso más y que no quede solo en un pronunciamiento plenario. “Pedimos que se inicien prioritariamente los contactos directos en mesa conjunta, entre el Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, Instituto Canario de Vivienda, Visocan, Ayuntamiento y representantes de las vecinas y vecinos residentes para abordar todas y cada una de las situaciones que se están dando; pedimos al Gobierno local que actúe contundentemente contra el cobro indebido del IBI a estas familias, al mantenimiento digno de los edificios y viviendas propiedad de Visocan y que las medidas que contribuyen al abono de deuda y por consiguiente, a evitar desahucios, sea una realidad y no un acuerdo puntual. Es urgente que nuestro Ayuntamiento se ponga al frente de manera clara y decidida para defender a estas personas, que, en definitiva, son vecinas y vecinos de La Laguna” concluye Idaira Afonso.