El diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (Coalición Canaria), Jonathan Martín Fumero, ha logrado el respaldo del Parlamento de Canarias a una Proposición No de Ley para garantizar que los familiares de ciudadanos españoles residentes en Canarias puedan seguir accediendo al descuento de residente tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería aprobado por el Estado.
“Los sistemas continúan identificando como elemento habilitante la Tarjeta de Identidad de Extranjero en la que conste la condición de familiar de ciudadano de la Unión, sin contemplar las autorizaciones expedidas al amparo del Real Decreto 1155/2024”, indicó. Al mismo tiempo, recordó que “puede producirse una situación paradójica por la que los familiares de ciudadanos españoles reciban un tratamiento menos favorable que los familiares de otros ciudadanos de la Unión Europea, pese a encontrarse en una situación jurídica equiparable respecto al acceso a la bonificación por residencia”.
La iniciativa nacionalista insta al Gobierno de España a aclarar expresamente que los familiares de ciudadanos españoles titulares de autorizaciones de residencia reguladas en el Real Decreto 1155/2024 tienen derecho a acceder a las bonificaciones al transporte aplicables a los residentes canarios en las mismas condiciones que el resto de beneficiarios previstos en la normativa.
Asimismo, reclama la adaptación urgente de la plataforma SARA y del resto de sistemas telemáticos de comprobación utilizados por las administraciones y compañías de transporte para garantizar el acceso efectivo de este colectivo al descuento de residente.
La propuesta también solicita que el Estado dicte instrucciones interpretativas y de coordinación dirigidas a los organismos competentes en materia de transportes, extranjería y administración local con el objetivo de evitar criterios dispares y asegurar una aplicación homogénea de la normativa en todo el territorio nacional.
El diputado nacionalista defendió que la iniciativa busca “garantizar la igualdad de trato, evitar situaciones de discriminación y ofrecer seguridad jurídica a los afectados, de forma que ninguna persona pierda el acceso a una compensación esencial para la movilidad por simples problemas de adaptación administrativa”, concluyó.
