El Ayuntamiento de Arona ha acogido este pasado viernes 22 de noviembre la celebración de una sesión plenaria extraordinaria centrada exclusivamente en la aprobación de reconocimientos extrajudiciales de deudas que permanecían pendientes de pago desde el anterior mandato y que afectaban a distintas áreas y organismos autónomos municipales. La cuantía a abonar supera los 400.000 euros, y guarda relación con facturas impagadas entre los años 2020 y 2023.
El acuerdo de abono efectivo de esas deudas ha sido aprobado con el voto a favor del grupo de gobierno (integrado por PP, CC y MxA) y la abstención del Grupo Mixto (representado en la sesión solo por VOX) y el Grupo Socialista, curiosamente, el que contrajo esas obligaciones municipales de pago por contrataciones de servicios que fueron prestados y que, sin embargo, no fueron remunerados cuando correspondía.
Estos pagos pondrán fin a gran parte de la morosidad municipal que afectaba desde el anterior mandato a empresas de suministros y servicios, autónomos y medios de comunicación.
La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, ha remarcado que “es difícil hablar de apoyo a las empresas y al empleo, cuando el propio Ayuntamiento incumplió sus obligaciones de pago durante los años que gobernó el grupo socialista”, al tiempo que ha hecho público el compromiso de “intentar que las empresas recobren la confianza en esta administración local”.
El pacto de gobierno ha indicado que ha asumido estos pagos “por responsabilidad”, ya que, aunque corresponden a otra etapa política, “estas deudas llevan lastrando durante años a empresas y trabajadores, mayoritariamente, del municipio”. A lo largo del presente mandato, el actual equipo de gobierno ha realizado varios reconocimientos de deudas contraídas durante anteriores etapas políticas.
Aunque es imposible subsanar los inconvenientes que han padecido esas empresas debido al impago de facturas por las que tuvieron que adelantar el pago de impuestos, algo especialmente complicado en una época caracterizada por la crisis económica que provocó la pandemia de COVID, “tocaba poner fin a la injusticia que afectaba a cientos de empresas y profesionales que cumplieron con los encargos que se les encargó desde el Ayuntamiento, afrontando gastos en suministros y sueldos, así como en concepto de impuesto, y que llevan años esperando el pago de esos servicios, suministros y trabajos”.
