
La presidenta de la Corporación insular recordó que la citada medida, implementada en enero de 2023, ha tenido un impacto extraordinariamente positivo. “Hemos logrado un incremento del 44% en el número de usuarios del transporte público, lo que demuestra que es una solución eficaz para los graves problemas de movilidad que enfrentamos en nuestra isla. Es imperativo que el Estado continúe financiando este servicio para seguir avanzando hacia una movilidad sostenible”, indicó Dávila quien aseveró que el Gobierno de Pedro Sánchez debe actuar con responsabilidad y aprobar un decreto ley que garantice la continuidad de la gratuidad. Además, debe cumplir con su compromiso de abonar los 81 millones de euros prometidos para cubrir los costes del año 2023”.
Así las cosas, Rosa Dávila considera que cumplir con ese compromiso no solo es fundamental para mantener el servicio actual, sino también para asegurar su viabilidad a largo plazo, sin sobrecargar las finanzas del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares.
“Es inaceptable que el Gobierno central pretenda restringir la gratuidad solo a ciertos colectivos. La realidad de Canarias es diferente. No formamos parte de la Red de Interés Ferroviario del Estado, lo que nos impide acceder a los fondos nacionales que otras regiones ya reciben para mejorar sus infraestructuras de transporte. Esta discriminación debe corregirse de inmediato. Mientras en otras zonas de España se construyen trenes, nosotros dependemos casi exclusivamente de guaguas y tranvías que quieren que los canarios paguemos”, declaró la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.







