El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, descarta dimitir a pesar de haber sido imputado por el Tribunal Supremo en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El líder del Ministerio Público ha difundido un comunicado de cinco puntos en el que convoca una Junta de Fiscales para hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar sus opiniones. Pero lo tiene decidido: «Seguiré ejerciendo plenamente mis atribuciones legales. Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho».
Según García Ortiz, que se ha convertido en el primer fiscal general de la democracia española en ser imputado por un delito, «la apertura de un procedimiento por el Tribunal Supremo impone la máxima prudencia en los pronunciamientos del fiscal general del Estado a fin de evitar que puedan interpretarse como una interferencia en el proceso o una influencia a los magistrados de este Tribunal». Sin embargo, «la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar, no sólo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española».
Y prosigue en su comunicado: «Nos hallamos ante un asunto que no es particular del fiscal general del Estado, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional. El ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aun en un caso como éste en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes. La atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado permitirá que pueda ejercitar plenamente mi derecho de defensa, toda vez que la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo».
Álvaro García Ortiz descarta dimitir con las siguientes palabras: «En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado. Soy consciente de la repercusión pública de la noticia y no desconozco la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país. Pero es, precisamente, la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales. Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho».
