La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido y la diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, han registrado una proposición no de ley para su debate y tramitación en ambas cámaras, con el objetivo de que el Gobierno de España realice una serie de mejoras en las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones y en las instalaciones de los centros penitenciarios de Canarias.
Las parlamentarias nacionalistas han presentado esta iniciativa en una rueda de prensa celebrada en la sede insular de Coalición Canaria en Tenerife, donde han estado acompañadas por representantes del sindicato ‘Tu abandono me puede matar’ (TAMPM).
Precisamente Cristina Valido ha destacado esa situación de “abandono” en la que se encuentran los centros penitenciarios del archipiélago, que hace que las infraestructuras estén “muy lejos de lo exigible”. A este respecto, la diputada en la Cámara Baja ha recordado una visita reciente al centro de Tenerife II, donde constató “circunstancias que no tienen un pase”, como el hacinamiento de las internas en un espacio muy reducido o el frío y las humedades presentes en las instalaciones, que los funcionarios tratan de paliar por su propia mano con calefactores que traen al centro, tal y como han corroborado los representantes de TAMPM presentes en la rueda de prensa.
Por ello, Valido ha exigido al Estado que responda “con prontitud” a las demandas de los trabajadores y que no siga “mirando a otro lado mientras los centros penitenciarios padecen estas circunstancias que incumplen la legalidad”, ha afirmado.
Por su parte, Vidina Espino ha desglosado los distintos puntos que componen la iniciativa, que en el caso del Parlamento de Canarias será debatida en el próximo pleno del 11 de febrero. La diputada ha comunicado que espera contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios porque “la situación de las prisiones en Canarias es bastante precaria”.
En primera instancia, la proposición no de ley de Coalición Canaria insta a que se reconozca a las funcionarias y funcionarios de instituciones penitenciarias como agentes de la autoridad “mediante las modificaciones legislativas pertinentes”.
De este modo, la formación nacionalista traslada al Estado una reclamación largamente reivindicada por los trabajadores, cuya falta de reconocimiento merma su protección jurídica y dificulta su defensa y la de otros reclusos frente a agresiones o actos de desobediencia. En este sentido, el delegado de TAMPM, Ignacio Fernández, ha recordado que a pesar de que “el año pasado se registrasen 515 agresiones a los funcionarios de prisiones, no nos consideran profesión de riesgo”.
La proposición no de ley señala también dos problemas estructurales e interrelacionados que afectan a los centros penitenciarios del archipiélago: la falta de actualización del complemento de indemnización por residencia y la insuficiencia de las plantillas debido a una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) desfasada.
La indemnización por residencia de Canarias tiene la finalidad de compensar el encarecimiento de la vida y la lejanía respecto al territorio peninsular, pero lleva sin actualizarse desde hace más de dieciocho años. Según denuncian los afectados, los importes actuales no reflejan los sobrecostes derivados de residir en Canarias ni compensan la situación de ultraperiferia reconocida por la normativa. Así, tal y como ha expresado el delegado de TAMPM, muchos de los funcionarios que aprueban las oposiciones consideran que “no merece la pena venir a trabajar a Canarias”, por lo que la plantilla que trabaja en el archipiélago está cada vez más envejecida y es más reducida.
Esta inestabilidad se agrava por la insuficiencia de la Relación de Puestos de Trabajo o RPT, especialmente constatable en el Centro Penitenciario Las Palmas II, que en su inauguración albergaba a 612 internos y ha visto un incremento del 150%, hasta los 904, mientras que el número de efectivos fijos se ha mantenido en 334. Por ello, Espino ha reclamado al Gobierno de España que esta RPT “se adecúe y sea conforme al número de internos que hay en las prisiones”.
En la PNL de Coalición Canaria se exige también un compromiso “firme, concreto y por escrito” sobre la reforma integral de Tenerife II. “Es una reforma que se les prometió en el año 2025, que se ha trasladado a 2026, pero sigue sin concretarse, sin proyecto y sin presupuesto”, ha denunciado Espino. La iniciativa exige un proyecto definido, calendario de ejecución y dotación presupuestaria suficiente, que contemple la sustitución total de los módulos y dependencias o, en su defecto, la construcción de un nuevo centro penitenciario.
Igualmente, la formación nacionalista insta al Estado a que actúe ante la “preocupante” ausencia de un sistema estable de conducciones y traslados de personas internas por motivos judiciales o de salud, que actualmente depende principalmente de la disponibilidad de efectivos de la Guardia Civil. Asimismo, se aborda la insuficiente dotación de personal sanitario básico en los centros penitenciarios, que impide que se garantice una “adecuada atención sanitaria a los internos” y por la que Coalición Canaria pide un refuerzo para asegurar una cobertura médica continuada, un servicio farmacéutico estable y una atención regular por especialistas.
